El dispositivo especial puesto en marcha por el Ayuntamiento de Eivissa para desalojar a los vecinos que ilegalmente ocupaban las viviendas de la UA27 de Sa Penya, en las calles Alt y Retir, ha llevado a cabo su cometido con eficacia y sin que se hayan producido incidentes. Afortunadamente los afectados entendieron que lo mejor para todos era desalojar las viviendas por propia voluntad y ordenadamente, porque nada se ganaba haciéndolo de otro modo. Han jugado sus cartas lo mejor que han sabido y podido ante un consistorio al que por desagradable que fuese la situación, se ha mantenido firme y no le ha temblado el pulso a la hora de que se cumpla la legalidad.
Lo único que ha chirriado en este operativo ha sido la excesiva presencia policial, a todas luces exagerada que, además, se ha revelado innecesaria
Lo único que ha chirriado en este operativo ha sido la excesiva presencia policial, a todas luces exagerada que, además, se ha revelado innecesaria. Tampoco parece muy acorde con un régimen de libertades públicas una limitación a la libre circulación como la establecida a partir de las 20 horas de la noche del martes al miércoles, en el perímetro de seguridad. Vino a ser como un “toque de queda” donde incluso a los vecinos se les prohibía permanecer en la calle.
Restringir o limitar el ejercicio de derechos constitucionales ha de hacerse de forma restringida, con un objetivo concreto y con medidas proporcionales a dicho objetivo. En este caso nada justifica el cierre total de un barrio, una medida excesiva que recuerda tiempos preconstitucionales.
