Pleno Parlament

El Govern apoya el desalojo de la antigua cárcel y señala a la Delegación del Gobierno

El Govern apoya el desalojo de la antigua cárcel y señala a la Delegación del Gobierno

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha respaldado el proceso de desalojo de las 206 personas que residen en la antigua prisión de Palma, impulsado por el Ayuntamiento, y ha urgido a la Delegación del Gobierno a intervenir.

La responsable autonómica se ha pronunciado este martes en el pleno del Parlament, tras una pregunta del diputado socialista Omar Lamin, quien ha cuestionado el desalojo de familias vulnerables de la antigua cárcel a la calle sin una alternativa habitacional garantizada.

EL GOVERN RESPALDA EL DESALOJO

Fernández, en la línea de los responsables municipales de Cort, ha justificado la medida por los reiterados incendios registrados en el interior del recinto, de titularidad municipal y donde el Consell de Mallorca proyecta construir una rotonda.

“¿A usted le parece que eso es vivir con dignidad? A nosotros no. Nada de esto es digno y no vamos a mirar hacia otro lado. Este Govern va a estar al lado del Ayuntamiento para solucionar esta situación. Y esperamos que ustedes, desde la Delegación del Gobierno, hagan lo mismo”, ha afirmado.

La consellera también ha recriminado a los socialistas que en anteriores legislaturas “se desahuciaran familias de viviendas del Ibavi” y que los precios del alquiler y la compra “se dispararan año tras año”.

CRUCE DE ACUSACIONES EN EL PARLAMENT

Por su parte, Lamin ha acusado a la consellera de lanzar “balones fuera”, al recordar que las competencias en vivienda y servicios sociales son municipales y autonómicas, no estatales.

El diputado ha sostenido que las más de 200 personas que residen en la antigua prisión no lo hacen por elección, sino porque “el sistema las ha expulsado”. A su juicio, el desalojo “no es un hecho aislado”, sino la consecuencia de un Govern que, ha dicho, “ha puesto la alfombra roja a la subida de precios” y ha normalizado la precariedad habitacional.

Además, ha acusado al Ejecutivo autonómico de practicar “racismo institucional” en su gestión para competir políticamente con Vox.

SOBRE LOS LÍMITES A LAS AYUDAS SOCIALES

Sandra Fernández ha defendido la necesidad de establecer límites a las ayudas sociales. Algo que, previsiblemente, se hará a través de la ley de aceleración de proyectos estratégicos, alegando que "la cohesión social comienza por gestionar los recursos de todos".

Así se ha expresado al ser preguntada por la diputada socialista Irantzu Fernández si cree que "la retirada de derechos fortalece la cohesión social". "Tengo claro que la cohesión social comienza gestionando de forma rigurosa los recursos de todos los ciudadanos", ha argumentado.

Además, le ha preguntado a la socialista si cree que, por contra, la cohesión social "es gestionar de forma tan nefasta la Renta Social Garantizada que ciudadanos vulnerables tienen que pagar por la falta de gestión".

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