Guardianes de la verdad

El 19 de febrero de 2009, Baltasar Garzón Real, magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, tramitando unas diligencias previas en las que investigaba delitos atribuidos a Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez (intermediarios vinculados al Partido Popular), dictó un Auto ordenando grabar las conversaciones que los investigados mantuvieran en la prisión de Soto del Real con sus abogados Ignacio Peláez, José Antonio Choclán y José Antonio López Rubal.

Esa insólita decisión del juez causó que el abogado Ignacio Peláez -ex fiscal de la Audiencia de Palma y de la Audiencia Nacional- interpusiera una querella criminal contra Baltasar Garzón, a la que se sumaron otros perjudicados. Tras el juicio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en Sentencia de 9 de febrero de 2012, condenó a Garzón por un delito de prevaricación (446.3 del Código Penal), en concurrencia con un delito de interceptación de las comunicaciones (artículo 536.1), a pena de multa y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostentaba y sus honores, y con incapacidad durante el tiempo de la condena para cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno en el Poder Judicial. 

Tras ser expulsado de la carrera judicial, el ínclito Garzón, excelentemente relacionado con la izquierda internacional a la que siempre prestó servicios inconfesables, se dedicó a hacerse rico defendiendo a tipos como Julian Assange e interviniendo en procesos de derechos humanos al amparo de los tiranuelos latinoamericanos que sostienen el millonario chiringuito izquierdista global. Y, en el ejercicio de esas turbias actividades, difundió -como ha recordado la periodista de The Objective Maite Rico- algunos de los bulos más sorprendentes de la reciente historia de nuestro país: que “España es el país con más desaparecidos del mundo después de Camboya”, y que “hubo 300.000 bebés robados en España en la época franquista”. Las dos delirantes historias han resultado más falsas que un euro de madera, pero con ellas el ex juez quería apuntalar ese relato atroz de la guerra civil y la dictadura que tan pingües beneficios siempre le ha proporcionado.   

El 17 de mayo de 2018, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó la Sentencia del “caso Gürtel” en la que condenó por corrupción a varias personas relacionadas con el Partido Popular. Garzón, íntimo amigo de José Ricardo de Prada, uno de los tres magistrados que juzgaron el asunto, consiguió que éste incorporase a la sentencia un párrafo que daba por acreditada la existencia de una “caja B” en el Partido Popular. Este párrafo añadido, que los medios llamaron la “morcilla de Prada”, fue el pretexto utilizado por Pedro Sánchez y sus socios izquierdistas y separatistas para presentar la moción de censura “contra la corrupción del PP”, consiguiendo derrocar a Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018. Posteriormente, el Tribunal Supremo consideró “excesivas” esas afirmaciones de la Sentencia obligando a retirar la “morcilla de Prada”, y el PP fue condenado solo como partícipe a título lucrativo (quien no conoce el delito y resulta beneficiado por el mismo). Pero el cambio político auspiciado por la maniobra de Garzón ya se había producido.

Ahora el Gobierno acaba de nombrar a Baltasar Garzón presidente de la “Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura” creada por la Ley de Memoria Democrática de 2022. Y él ha incorporado a la misma a su hija María Garzón Molina, presidenta de su Fundación internacional, dedicada a temas de Memoria. Sánchez agradece así los servicios prestados, como ya hizo nombrando a su actual mujer, la ex fiscal general Dolores Delgado, fiscal de sala de Memoria Democrática. Aunque cabe preguntarse aquí si la “verdad oficial” del franquismo y la guerra civil puede estar en manos de una familia con semejantes antecedentes sectarios e incluso delictivos.

Ignacio Peláez, fallecido en 2017 tras una cruel enfermedad, fue el abogado que me defendió de unas acusaciones infundadas, promovidas por la hiperactiva fiscalía anticorrupción de Baleares en la época de Zapatero, en el llamado “caso Relámpago”. No comprendiendo bien en aquellos tiempos cómo era posible acusar tan burdamente a unos notarios inocentes (mi socio y yo resultamos completamente exonerados) el bueno de Peláez nos dijo: “esperad que os cuente lo mío”. Y lo suyo eran las escuchas ilegales a las que le sometió Garzón, causantes de su querella que acabó con el entonces juez expulsado de la carrera judicial.

Hoy ni el interés general ni la memoria de mi amigo Ignacio Peláez merecen que una familia millonaria al servicio de múltiples tiranos de izquierdas sea guardiana de la “verdad” y la “memoria” de los españoles. Como escribió el filósofo estadounidense Richard Rorty, “cuidad la libertad y la verdad se cuidará a sí misma”.