Una década después de su primera emisión, la radiotelevisión pública balear sigue sin poder eludir la disciplina política, para responder fielmente a la misión que le encomienda su marco jurídico, gracias a una autonomía real y no solo de apariencia.
Casi seis años tardó en cristalizar una Ley que acabara con la provisionalidad normativa del EPRTVIB y que ahora se pretende extinguir cuanto antes, aunque sigue siendo válida para los objetivos que perseguía. En la exposición de motivos que razonaba su preámbulo para explicar la naturaleza, la estructura y el régimen jurídico del ente, queda explicitado que persigue “el establecimiento de un estatuto de autonomía de gestión y de independencia funcional respecto del Gobierno y de la Administración en general, que es totalmente necesario para garantizar que la gestión del servicio público se lleve a cabo sin ninguna interferencia o contaminación con la ideología del gobierno de turno”. Por eso el comité de dirección debía remozar, al margen de las urnas, seis de sus nueve componentes: dos, para cubrir las dimisiones de José Manuel Ruiz (candidato a la alcaldía de Calvià) y Antonio Luis Alcover (relevó en diciembre pasado a Miquel Deyà en la Dirección General de Universidades) y los otros cuatro, porque por sorteo deben renovarse la mitad de los puestos tras los primeros tres años (vencían en marzo pasado), aunque el resto lo haga cada seis anualidades.
El periodo fijado para la vigencia de los nombramientos, aprobado a final de 2010 aunque entró en vigor el julio siguiente, tiene el objeto de salvaguardar de la orientación partidista al medio de titularidad pública, tal y como procura el Estatuto de Autonomía en su Título V, más concretamente en el artículo 91, al otorgarle al Parlamento la función de control y relegando la actual consejería de Participación, Transparencia y Cultura a su financiación por vía del contrato programa y a un solo vínculo orgánico, salvo la dirección provisional en caso de necesidad, decretada en 2011 por el gobierno de Bauzá.
Con tantos problemas que justificaron el giro político copernicano, los nuevos diputados e inquilinos del Consolat no se han demorado en abordar prioritariamente el cambio en la representación del ente (la tele no tiene director y la radio parece que no importa desde la eliminación de las sociedades filiales), incluso planteando la derogación urgente de la Ley y recabando sin dilación la información que permita subordinar su labor, sin respetar su presunta independencia y el calendario acordado en su fecha. Una urgencia aparentemente mayor que reflexionar sobre su viabilidad o el modelo de televisión que queremos financiar entre todos, a pesar de que la elección de los directivos por mayoría absoluta no lo es solo seis meses después de que no se haya alcanzado la mayoría reforzada sino, también, medio año tras “el momento en que corresponda cada renovación parcial” prevista por la Ley. Un plazo que permitiría, al menos, un par de meses de análisis estival, en pos de un acuerdo más amplio, coherente y duradero, sin tener que recurrir al denostado decretazo validado por lectura única.
No es menos cierto que el impulso político de Jaume Matas a su creación, motivada por un compromiso municipal y la pérdida de poder en Prado del Rey, así como los criterios esgrimidos por todos los gobiernos que le han sucedido, no han sido exactamente los de la profesionalidad, transparencia y pluralidad exigibles en un estado democrático, ni han respondido nítidamente a las razones esgrimidas para generar o mantener un servicio público. Más aún porque IB3 nació con la compresión digital y la multiplicación de la oferta audiovisual local, casi extinguida ahora por la crisis y la competencia desleal de quien dispone de triple financiación, lo que hacía menos necesaria su implantación y el elevado coste que hemos debido soportar en tiempos de penuria.
Si la radiotelevisión pública es algo más que una herramienta al servicio de intereses partidistas y un apeadero de leales, si las prisas no tienen que ver con el calendario para las generales y los nuevos gobernantes pretenden lograr algo más que la revancha de los anteriores, deberían sondear y profundizar en un acuerdo de estado que termine con la instrumentalización, a favor y en contra, de los medios públicos audiovisuales. Solo cambiando las personas no garantizan la sostenibilidad del modelo ni la independencia exigida.
Entretanto, no será fácil un consenso entre las fuerzas políticas para elegir un renovado comité de dirección y un consejo asesor solvente, que solo percibe una dieta y que le incompatibiliza a su término con una actividad semejante a la ejercida, si además se amenaza con modificar la ley que no te gusta, antes de hacer realidad el espíritu pactista que tanto se evocó cuando la aritmética exigió acuerdos de gobierno, pero que tampoco parece formar parte del genoma progresista.
