El Instituto Balear de la Dona (IBDona) ha registrado 2.007 llamadas relacionadas con violencia machista en la primera mitad de 2025. La cifra supone un incremento respecto a periodos anteriores y se explica, en parte, por la puesta en marcha de una línea gratuita y por la mejora del servicio de atención. La accesibilidad ha crecido, pero también la presión sobre el sistema.
El mes de junio destacó especialmente, con más de 400 llamadas en tan sólo treinta días. El repunte obliga a un análisis que no se limite a interpretar estos datos como un simple indicador de mayor concienciación o capacidad de denuncia. El volumen de casos exige reforzar los recursos humanos y materiales que gestionan esta atención.
En este sentido, la conselleria que encabeza Sandrá Fernández ha incrementado la plantilla: de diez técnicas en 2023 se pasó a dieciséis en 2024, y para este verano se han incorporado tres más, una en cada isla principal. Esta medida es positiva, pero admite consideraciones. Y es que cada técnica no atiende cifras frías, sino vidas atravesadas por el miedo y la esperanza. El servicio debe garantizar apoyo emocional y el acompañamiento jurídico, pero también una formación continua que permita sensibilizar y humanizar esa primera línea de ayuda, a la vez que se amplía la coordinación entre los cuerpos de seguridad, servicios sociales y recursos judiciales.
El incremento de llamadas al IBDona debe interpretarse como una señal de que el recurso está siendo utilizado, pero también como una alerta sobre la magnitud del problema
La violencia machista no es un fenómeno estacional, aunque determinados periodos, como el verano, puedan concentrar más llamadas. Por ello, el refuerzo de efectivos no puede ser una estrategia temporal, sino estructural. La atención debe prestarse durante todo el año con equipos dimensionados para absorber picos de demanda sin comprometer la calidad.
El incremento de llamadas al IBDona debe interpretarse como una señal de que el recurso está siendo utilizado, pero también como una alerta sobre la magnitud del problema y la necesidad de reforzar las políticas públicas. Todas las administraciones implicadas, desde el Govern hasta los ayuntamientos, tienen que trabajar de forma coordinada para consolidar un servicio estable, accesible y con suficiente capacidad operativa.
