El Plan Director de Equipamientos Comerciales de Mallorca quedará expuesto a información pública el próximo jueves para que, una vez aprobado inicialmente por el Consell, ciudadanos y entidades puedan presentar alegaciones. El Consell de Mallorca reconoce que no puede frenar la ubicación de grandes superficies en Palma, pero quiere limitar las nuevas instalaciones. Para ello, los responsables de la institución insular han acordado exigir un "informe faborable de idoneidad" que justifique la nueva implantación. Y establece, de momento en el borrador del plan, que se prohiba la ubicación en zonas próximas a hospitales, puertos, aeropuertos... o aquellas que se consideren "de interés estratégico para el abastecimiento de productos", polígonos industriales y en general allí donde el Consell considere que no existe una red viaria adecuada. De la misma manera se podrá limitar su construcción en terrenos que se consideren masificados.
Realmente no se prohibe su construcción, pero se limita y condiciona tanto que, en la práctica, se va a convertir en una tarea poco menos que imposible. Con decisiones como esta, la actuación del equipo de gobierno del Consell recuerda otras como la del Govern autonómico con la ley de los toros a la balear. En este caso, se ponían tantas condiciones al desarrollo de una tauromaquia clásica, que lo que en realidad se estaba haciendo era impedir la celebración de cualquier tipo de festejo. Al final, el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la ley balear, añadiendo un tropiezo más del Pacte en los tribunales.
Es razonable que Mallorca cuente con un plan de equipamientos comerciales. Pero debe centrarse en ordenar su actividad, la de los grandes y la de los pequeños, ofreciendo apoyo y ventajas para que todos alcancen un mayor desarrollo económico, con creación de empleo y aumento de la competitividad. El Consell debería, además, centrarse en impulsar los proyectos viarios que tiene parados o a medio gas. La falta de accesos de gran capacidad a alguno de los nuevos centros comerciales provoca, como no puede ser de otra forma, atascos puntuales y muchos inconvenientes para los vecinos y ciudadanos que frecuentan la zona. Y es que no autorizar nuevos centros comerciales porque no existen las vías que el propio Consell debería construir es una situación que roza el absurdo y pone de manifiesto una forma de actuar en la que los prejuicios ideológicos parecen anteponerse a una correcta gestión del interés de todos.
De momento, habrá que esperar el sentido de las alegaciones que se presentarán al plan, sin poder descartar otro traspiés legal como los que ya se empiezan a convertir en episodios comunes con las actuales administraciones baleares.
