Como no me he cansado de repetir, una imputación no es más que una garantía procesal para que una persona a la que se le imputan unos hechos presuntamente delictivos pueda defenderse convenientemente, acudiendo a declarar acompañada de un abogado.
Partiendo de la anterior premisa y de que, por mucho que a algunos les cueste entenderlo, todos somos inocentes hasta que una Sentencia firme declare lo contrario, lo cierto es que la insostenible situación política aconseja que se tomen medidas en cuanto un político sea imputado; medidas que, como es evidente, no pueden diferir del abandono inmediato de cualquier cargo que ocupen.
La insoportable reiteración de escándalo tras escándalo ha motivado que, de cara a la ciudadanía, se haya invertido la carga probatoria para un político implicado en un escándalo. De esta forma, cuando una persona escucha que un político ha sido imputado, suele dar por hecho que es culpable (aunque luego resulte inocente) y que, si finalmente es exculpado, alguna trampa se habrá hecho.
En puridad procesal, la ciudadanía es injusta al dar por sentado que alguien es culpable cuando aún no ha sido juzgado, pero la clase política se lo ha ganado a la fuerza. Escándalo tras escándalo, ha ido colmando la –en apariencia- inagotable paciencia de los ciudadanos, que mientras aguantamos subidas de impuestos vemos como nuestros honorables representantes se pasean en coches oficiales y acumulan cargos y pensiones.
Si los políticos desean realmente demostrar a la ciudadanía que algo puede cambiar, deben dejar de lado las palabras y empezar a actuar. No es posible perder más tiempo, porque eso solamente beneficia a quienes, de forma oportunista, se presentan como los salvadores de la situación, sin explicar las medidas que piensan tomar. No les hace falta explicar nada, porque les dejan el trabajo hecho.
Lo que vengo a decir es que no pueden darse más casos como los ocurridos recientemente. Un político imputado o encarcelado preventivamente no debería poder continuar ocupando sus cargos y la ciudadanía debe percibir ese tipo de detalles. Por eso, en lugar de acudir al discurso del miedo frente a los nuevos actores, los políticos deben comenzar a adoptar esta clase de medidas sin mayor dilación. Los políticos, ahora más que nunca, no solamente deben ser honrados, sino que fundamentalmente deben parecerlo, más que nada por mostrar respeto ante una ciudadanía a la que han defraudado en repetidas ocasiones.
Un político imputado (que, insisto, puede perfectamente ser declarado inocente) no solamente es un lastre para la debilitada fe de los ciudadanos en la política, sino que es carnaza para los nuevos salvadores.
Pero, vuelvo a insistir, estas cosas no deberían tener ni que plantearse. Los políticos deben ser conscientes de la necesidad de acompañar a sus acciones de la máxima transparencia. Pero no hay manera…
