La Comisión Europea cuestiona la legalidad de la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y pone en duda su encaje en el Estado de Derecho. En un informe demoledor remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Bruselas alerta de que la norma, clave en los pactos con el independentismo para la investidura del presidente del Gobierno, “parece una autoamnistía” diseñada para favorecer a los aliados políticos del Ejecutivo y no cumple con un objetivo legítimo del Derecho comunitario.
“Esta amnistía no responde a un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea”, sentencia el documento, al que han tenido acceso varios medios. Es más, apunta directamente a que la norma levanta medidas cautelares sin evaluar caso por caso, rompe la separación de poderes y se tramitó de forma exprés para garantizar mayorías políticas, no para proteger valores constitucionales.
El procés no afectó a fondos europeos, pero sí al Estado de Derecho
Uno de los aspectos clave del informe es que la Comisión descarta que el procés catalán —núcleo del conflicto político que originó la ley— causara un perjuicio económico directo a la Unión. Esta conclusión debilita las causas basadas en fraude o malversación de fondos comunitarios. Pero el análisis no se detiene ahí.
Según Bruselas, el auténtico problema es institucional. La Comisión no ve garantizados los principios de seguridad jurídica, independencia judicial ni igualdad ante la ley, pilares fundamentales del Estado de Derecho. Y advierte: esta amnistía podría sentar un peligroso precedente en otros Estados miembros.
“El hecho de que una ley de esta naturaleza se haya aprobado sin consultar a órganos como la Comisión de Venecia y con una tramitación parlamentaria acelerada, arroja serias dudas sobre su motivación y legitimidad”, subraya el documento.
Golpe al relato de Moncloa
El informe dinamita el relato del Gobierno, que ha defendido la amnistía como un mecanismo para la “reconciliación” y “la convivencia” en Cataluña. La Comisión lo ve más bien como un traje a medida para beneficiar a un grupo concreto —líderes y activistas del procés, y miembros del entorno independentista— sin responder a un interés general.
Fuentes comunitarias consultadas por varios medios afirman que el informe no es vinculante, pero sí “muy influyente” en la decisión que adoptará el TJUE, cuya vista está fijada para el 15 de julio. La sentencia se espera a comienzos de 2026, aunque el Tribunal Constitucional español podría pronunciarse antes.
Más allá de la retórica, el informe de Bruselas deja a la Ley de Amnistía gravemente tocada. No por sus efectos económicos, sino por sus implicaciones democráticas. No la ve como un instrumento de reconciliación, sino como una excepción política hecha a medida.
Bruselas no compra el relato de Moncloa. Y aunque el informe no tumba la ley, sí la pone en cuarentena. Queda ahora en manos del TJUE decidir si España ha cruzado una línea roja europea.
Un comentario
Todo lo referente a Sánchez huele mal