La legislación en materia de arrendamientos siempre ha tenido como principio informador que hay una parte que puede considerarse “fuerte” como es el arrendador propietario (o usufructuario), y otra que es la “débil” como es el arrendatario inquilino. Es por ello que tanto la normativa general como la judicial es garantista de cara al inquilino.
En un plano inicial esta postura -acrecentada en las distintas novaciones que ha sufrido la Ley de Arrendamientos Urbanos- es muy loable y justificada, aunque también ha dado pie a la existencia de un grupo intangible de individuos que, siendo conocedores de sus “derechos”, ejercen una situación de total abuso -lo que vulgarmente se llama “morro” o “jeta”- hacia sus arrendadores.
Por suerte, la mayoría de los arrendatarios actúan de buena fe y tienen una excelente conducta contractual, sin embargo, también los hay que se aprovechan de todas las circunstancias para ir viviendo a lomos de pequeños propietarios que, desconociendo su naturaleza incumplidora, les han arrendado aquella casa o piso heredada o comprada con el sudor de su frente ignorando los quebraderos de cabeza que les daría la firma del contrato de arrendamiento.
Así pues, estos gorrones de la vivienda se instalan después de haber firmado el contrato, y, oh sorpresa, al cabo de un tiempo no muy largo dejan de pagar las mensualidades y puede que también los suministros. Ahí empieza el calvario del propietario quien, sabiendo que no puede cortar la electricidad ni el agua, ve que no sólo no consigue nada por la ocupación de la vivienda, sino que además está sufragando los gastos que ésta ocasiona. En un primer momento, y para evitar ir a mayores, se opta por hablar pacíficamente con el inquilino, quien suele hacer ímprobos lamentos de su mala situación económica prometiendo ponerse al día de pagos enseguida que vaya a mejor fortuna.
Pero no.
No aparece bonanza económica en las arcas privadas del inquilino y tampoco desaloja la casa (hecho con el que el propietario ya se conforma). Después de intentar de manera extrajudicial el cobro de rentas debidas y el desalojo de la casa, al propietario no le queda otra salida legal que no sea la interposición de una demanda judicial. En el 99,99% de los casos el demandado solicita asistencia gratuita de abogado, lo que supone que el procedimiento se paraliza hasta que el colegio de abogados correspondiente no resuelve si es merecedor de tal beneficio. Una vez que se reanuda el procedimiento judicial, el propietario se suele encontrar con una oposición a su demanda en base a algún argumento -muchas veces que se ha pagado en efectivo- y de ello se deriva una vista judicial para más adelante. La práctica de la prueba suele demostrar que allí no se ha pagado nada de nada y que procede la resolución del contrato de arrendamiento y la condena del inquilino a pagar las rentas debidas, el lanzamiento de la casa y sufragar los gastos de defensa del arrendador.
Entre pitos y flautas este procedimiento no suele durar menos de seis meses, en los que el propietario ha seguido estando sin cobrar nada por tener a gente viviendo en una propiedad suya y pagando además suministros e impuestos. Y, además de todo ello, también en la mayoría de las veces el inquilino es declarado insolvente, por lo que el propietario, se queda sin ver ni un sólo céntimo y lamentando el momento en que decidió arrendar la vivienda.
Es cierto que existen personas que, habiendo alquilado una vivienda se encuentran con un mal golpe de suerte y sin esperarlo no pueden cumplir el contrato muy a su pesar, pero también los hay que se dedican a vivir gratis en una vivienda diferente cada año sabiendo perfectamente lo que le va costar al propietario que salgan de la casa.
Cuando se habla de propietarios parece que sólo se piensa en los bancos que tienen muchos pisos, pero también hay muchas personas ‘normales’ -ni ricas ni pobres- que por el hecho de tener una propiedad que no es su vivienda habitual se ven perjudicados por una dinámica que les pone en una situación de clara desventaja.
Pues bien, la situación derivada del COVID-19 ha vuelto a ser un bofetón en la cara de estos pequeños arrendadores y un golpe de suerte para los parásitos del alquiler.
