Investigan una red que habría defraudado 5 millones de euros con derechos deportivos del fútbol

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan en varias comunidades, Baleares entre ellas, un entramado societario que podría haber defraudado más de cinco millones a Hacienda mediante un fondo de inversión con sede en Malta que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas y la financiación de fichajes y clubes españoles con dificultades económicas. ;La Dirección General de la Guardia Civil ha informado este miércoles de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) junto a personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria están desarrollando diversas actuaciones en Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares.

Los registros están dirigidos por el juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional después de que a principios de 2018 se iniciaran las pesquisas sobre las operaciones de un fondo de inversión constituido en 2011 en Malta.

Las actividades de este fondo, ya clausurado, consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, persiguiendo lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos. Además, financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados.

Según los investigadores, los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España por dos representantes de futbolistas, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera de este país para no declarar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos. ;

Junto a estas dos personas, hay otros tres investigados y varias decenas de personas llamadas como testigos.

Para la comisión de los fraudes detectados se ha utilizado una compleja estructura societaria que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol, cifrándose la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda Pública española en más de 5 millones de euros.