El Aeropuerto de Son Sant Joan vuelve a estar en el centro de la polémica una vez más. La más importante puerta de entrada y salida de pasajeros de Mallorca, gestionada por el ente Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA), una sociedad mercantil estatal que cotiza en bolsa y que está privatizada al 49%, tiene planes de aumentar la capacidad aérea del aeródromo en un 21% antes de 2021, pasando de 60 a 84 movimientos a la hora. Estos planes, sin encomendarse a nada ni a nadie, sin preguntar siquiera a las autoridades democráticamente elegidas de la Comunidad Autónoma, como acostumbra AENA, han topado con el malestar del Govern de les Illes Balears, manifestado ayer por el vicepresident Biel Baceló, contrariado por no haber sido consultado y por la persistente forma de actuar del ente que gestiona los aeropuertos de interés general, que es siempre a través de los hechos consumados. La demanda de la cogestión aeroportuaria cobra así y ahora más fuerza porque es verdaderamente inaceptable que AENA haga y deshaga en los aeropuertos de Mallorca, Menorca e Ibiza, a su libre albedrío, sin la más mínima participación de los gobiernos autonómicos ni insulares.
Sin embargo y en lo concerniente al detalle de la polémica actual, para poder posicionarse claramente, faltan datos. Hace falta conocer la motivación de AENA y la letra pequeña de sus planes concretos, porque no sabemos si se trata de una cuestión de operativa aérea o si se trata de una cuestión técnica, o si por el contrario se trata de ampliar el fabuloso negocio que suponen los aeropuertos, convertidos en grandes centros comerciales a los que no les afecta la normativa comercial autonómica. La oposición a los planes de ampliación del aeropuerto requiere conocer los motivos por los cuales se proyecta dicha ampliación, porque nos encontramos con la realidad de tener a gente criticando el proyecto, sin tener ni información ni la más mínima formación ni preparación sobre gestión aeroportuaria o navegación aérea. Hace falta rigor para criticar con solvencia.
