La Audiencia de Palma juzgará la próxima semana a dos cargos públicos de Turismo en el Consell de Mallorca, una funcionaria y dos empresarios por el amaño en 2007 de un contrato para producir material audiovisual promocional de la isla por 21.900 euros que no era necesario. El juicio es por el presunto amaño de un contrato para instalar terminales de información turística en varios idiomas en el aeropuerto de Palma y producir los vídeos promocionales de su contenido "con la sola intención de distraer dinero público insular y beneficiar a dos empresarios", según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.
La sección primera del tribunal provincial juzgará por presuntas prevaricación en concurso con fraude a la administración y malversación de caudales públicos y por falsedad a la entonces secretaria técnica de Economía y Turismo del Consell de Mallorca, Maria Isabel Monjo; la funcionaria Maria Antònia Escanellas y la ex directora insular de Turismo, Melchora Gómez y a dos empresarios.
Se juzgará la contratación innecesaria de una empresa por parte de la Dirección Insular de Turismo, porque el objeto del servicio ya se había contratado a otra sociedad de los mismos empresarios anteriormente.
Según la Fiscalía, el plan lo idearon el exconseller de Turismo Francesc Buils y el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, pero tras perder su partido las elecciones en 2007, lo ejecutaron las tres cargos públicos acusadas "asegurando que la contratación recayera en los seleccionados".
Idearon un expediente "vulnerando los elementales principios de publicidad y concurrencia" y además la empresa facturó los servicios dos días después de la adjudicación y antes incluso de la firma del contrato, entre otras irregularidades.
Para la funcionaria del Departamento de Economía y Turismo del Consell de Mallorca y la que fue directora insular de Turismo la Fiscalía pide condenas de 5 años de prisión para cada una, acusadas de prevaricación administrativa, fraude y malversación.
En el caso de la que fue secretaria técnica de Economía y Turismo, el ministerio público pide por los mismos delitos y por falsedad un total de 8 años.
En cuanto a los dos empresarios, la Fiscalía tiene en cuenta la atenuante de confesión y pide 2 años de prisión.
Anticorrupción solicita además que los cinco acusados indemnicen solidariamente al Consell de Mallorca con 21.900 euros por el importe indebidamente sustraído.
El juicio comenzará el próximo martes.
