La condena a Ábalos acorrala a Pedro Sánchez

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Mascarilla supone un terremoto político de dimensiones históricas. No sólo por la severidad de las condenas impuestas al exministro José Luis Ábalos y a quienes formaron parte de la trama, sino porque los hechos acreditados por el alto tribunal confirman la existencia de un gravísimo episodio de corrupción en el corazón mismo del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ya no se trata de sospechas, filtraciones, informes policiales o acusaciones políticas. Se trata de una resolución judicial firme y demoledora que describe cómo una organización aprovechó una emergencia nacional para enriquecerse mediante contratos públicos destinados a combatir una pandemia que mantenía confinados y aterrorizados a millones de españoles.

La magnitud de la condena trasciende a los condenados. Ábalos no era un dirigente cualquiera. Fue uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, secretario de Organización del PSOE, ministro de Transportes y pieza fundamental en la construcción del actual proyecto político socialista. Resulta imposible desligar políticamente esta corrupción del presidente del Gobierno, que durante años respaldó, protegió y mantuvo en posiciones de enorme poder a quienes ahora han sido condenados por la Justicia.

La sentencia llega, además, en el peor momento posible para un Ejecutivo exhausto. La legislatura se encuentra en una situación agónica, sin una mayoría parlamentaria estable y sometida a una sucesión constante de escándalos que afectan al entorno político, familiar y partidario del presidente. Cada semana aparecen nuevas revelaciones, nuevas investigaciones y nuevos episodios que erosionan la credibilidad de los partidos que integran el Gobierno de coalición (PSOE y Sumar), además de quienes les dan apoyo parlamentario.

Ninguna maniobra política, mediática o de fontanería puede neutralizar indefinidamente el desgaste provocado por una acumulación tan extraordinaria de escándalos

En estas circunstancias, prolongar artificialmente la legislatura carece de justificación política razonable. La única explicación plausible parece ser una estrategia de autoprotección destinada a ganar tiempo frente al avance de los acontecimientos judiciales y políticos. Sin embargo, esa operación está condenada al fracaso. Ninguna maniobra política, mediática o de fontanería puede neutralizar indefinidamente el desgaste provocado por una acumulación tan extraordinaria de escándalos.

La democracia exige asumir responsabilidades cuando la confianza pública queda gravemente dañada. La sentencia del caso Mascarillas marca un antes y un después. Y deja una conclusión difícil de ignorar: el ciclo político de Pedro Sánchez se acerca inexorablemente a su final.