Aviso a los navegantes

Desde los territorios de ultramar me parece que hay un poco de lío en la villa y corte; como dijo el gran Bertold Brecht corren  malos momentos para la lírica. En el PSOE no están en estos momentos para risitas, les cuento.

Ayer el Tribunal Supremo dictó la Sentencia en la causa contra los señores Ábalos, García (Koldo para los amigos) y Aldama  en la que el más alto tribunal  jurisdiccional resuelve condenar a duras, muy duras, penas a los dos primeros encartados y una leve pena, de hecho de no cumplimiento, al apreciar una atenuante muy cualificada de colaboración con la justicia. Alguna vez ya les he dicho que no sé muy bien, realmente dudo mucho de la idea, que es la justicia. ¿la justicia según quien?.

He tenido acceso, como el común de los mortales, a la nota informativa emitida por el Consejo General del Poder Judicial, sí ese órgano de gestión de la judicatura cuyo pleno se reúne los domingos por la mañana al someterse a las presiones del Ministro de Gracia y Justicia del Reino de España, el inefable, y en mi opinión irresponsable, señor Bolaños. Me resulta increíble que el CGPJ se someta a las presiones del ministro en relación a unas medidas adoptadas en la tarde del sábado en relación a la ciudadana llamada Begoña Gómez. 

Después de la antedicha nota llego a la conclusión, quizás obvia, que el TS no se ha creído  ni a Ábalos, ni a Koldo y sí a Aldama y especialmente al Fiscal Anticorrupción (Pedro Sánchez: de quien depende la fiscalía… pues eso) sic. El representante del ministerio público ha hecho pleno en todas sus principales peticiones. La Sala de lo Penal ha impuesto penas severísimas a dos de los acusados y leve, por no decir levísima, al tercero autor de la importante delación. 

A vuelapluma no puede evitar dos conclusiones en relación a la información de la que dispongo; los Tribunales deben ser extremadamente rigurosos, duros y ejemplarizantes contra aquellos políticos que se lo llevan crudo de nuestro bolsillo, vamos que nos roban. Esa es el primer aviso que el TS envía al lector atento que ejerce la defensa de un montón de imputados, ahora llamados investigados. Los juzgadores no se andan con chiquitas a la hora de imponer unas penas muy importantes que, evidentemente están plasmadas en nuestro derecho positivo, sed lex, dura lex  que dice el principio del derecho enunciado por los juristas romanos, a los que tanto debemos. 

La segunda cuestión, el segundo aviso a los navegantes, a la que me refiero es que el Tribunal premia la delación; esta idea no es nueva, siempre ha existido y para nada es nuevo, lo que pasa es que vuelve a primera página de los mass media  debido a que se señalan ya unos cuantos investigados llamados, quizás, a ofrecer la  información  de la que disponen a cambio de ventajas penales. Sin pachos calientes, el chivato tiene premio. Dejemos de usar palabras bonitas y centrémonos en la realidad que maneja el derecho penal. la crudeza de una sociedad en muchos casos putrefacta.

Una de las cosas que me han llamado la atención estos días es que la justicia, o su administración, en Madrid se va mallorquineando  se quejan ilustres colaboradores jurídicos que se les notifican resoluciones judiciales por la prensa. Vaya novedad. Aquí somos más modernos. Desde hace muchos años, ¿recuerdan los tiempos del Palma Arena o de Unió Mallorquina? que cada día nos enterábamos por la prensa de que se instruía. Eso después desembocó, (no degeneró pues fue una degeneración inicial) en los que se vino a llamar Caso Cursach que terminó siendo el Caso Penalva y Subirán, cuyo recurso de casación debe dormir el sueño de los justos (nunca mejor dicho) recuerdan la actuación de dos plumillas que trabajaban para un diario de papel que contribuyeron a la creación del relato del juez y fiscal fantasiosos. Recuerdan la ética y la presión que tuvieron que aguantar cuando se les pidió educadamente por la policía su teléfono y lo entregó voluntariamente si proteger sus fuentes. Ahora su ética profesional ha creado escuela y algunos colegas suyos trabajan para la justicia y realizan el trabajo de notificadores. 

Resulta que una juez ha decidido tomar medidas cautelares contra una mujer acusada para la que le piden unos cuatro años de prisión ¿Dónde está la novedad? Si la justicia es ciega debe aplicar la misma ley a cualquier ciudadano. No puede, ni se debe, hacer una excepción con quien está casado con el presidente del gobierno. Hasta donde yo sé, quizás me equivoco, la señora Gómez no disfruta de ningún privilegio que no sea, entre otros, que hospedarse en nuestro Palacio de la Moncloa, ese edificio que en sus orígenes fue un pabellón de caza, quizás estemos ante una nueva versión del cazador cazado… permanezcan atentos.