El periodista Pedro J. Ramírez ha grabado un video planteado una tesis que, más allá de la adhesión o rechazo que pueda generar, resulta difícil de ignorar, sin duda es una persona bien informada. Sostiene la existencia de dos planes alternativos por parte de Pedro Sánchez orientados a un mismo objetivo, la continuidad en el poder y la neutralización de las consecuencias políticas y judiciales de los escándalos que afectan a su entorno más próximo. Se puede ver en youtube.
La cuestión de fondo no es menor. No se trata de una estrategia electoral convencional, sino de una concepción del poder en la que la permanencia en el Gobierno deja de ser un medio para desarrollar un programa político para pasar a convertirse en un fin en sí mismo.
Según esta interpretación, el plan A se articulará a través de la convocatoria electoral como instrumento de ratificación del liderazgo. Para ello, sería necesario consolidar un bloque político apoyado en la movilización permanente de la izquierda y de los partidos separatistas, sustentado en un relato de confrontación en el que la crítica institucional se presenta como una forma de deslegitimación democrática.
En ese marco, cualquier actuación de jueces, medios de comunicación o fuerzas de la oposición que resulte incómoda pasa a ser reinterpretada como parte de una supuesta estrategia de acoso. La política, de este modo, se desplaza desde la deliberación democrática hacia una dinámica de bloqueo mutuo en la que el conflicto se convierte en un recurso permanente de cohesión interna.
El segundo elemento señalado por esta tesis es la utilización de determinados procesos administrativos con potencial impacto electoral, tal como la ampliación del acceso a la nacionalidad a través de la conocida «ley de nietos». Más allá del debate legítimo sobre su oportunidad, lo relevante es la necesidad de extremar las garantías institucionales en cualquier proceso que, directa o indirectamente, pueda incidir en la composición del cuerpo electoral. Recordemos que, en el País Vasco y también en Cataluña, el censo ha podido sufrir alteraciones por la presión, –violenta en el primer caso–, del separatismo sobre determinados grupos.
Pero es en el denominado plan B donde el análisis adquiere una dimensión más inquietante. En caso de pérdida del gobierno, la estrategia no se limitaría a la oposición parlamentaria clásica, sino que consistiría en mantener un elevado nivel de tensión política y social, dificultando la acción del nuevo gobierno y erosionando su legitimidad desde el primer momento.
En este escenario, la regularización masiva, sin garantías suficientes, podría ser interpretada no sólo en su dimensión administrativa, sino también como instrumento con efectos estructurales a medio plazo sobre el clima social y político del país. La tesis sugiere, en última instancia, una lógica de poder en la que la política deja de ser alternancia para convertirse en una forma de ocupación prolongada del Estado.
Conviene subrayar que se trata de una interpretación política de alto voltaje. Precisamente por ello debería ser examinada con rigor, aunque también sin complacencia. La democracia no se protege ignorando las advertencias incómodas, pero tampoco aceptando sin prueba afirmaciones de enorme gravedad.
En cualquier caso, siguiendo la misma línea, el también periodista Antonio Caño se ha sumado a la tesis con un artículo, en The Objective del lunes 22 de junio, titulado “Alerta naranja”. En donde escribe que “El presidente del Gobierno ha llegado a la conclusión de que sólo la confrontación y el caos pueden ocultar la desesperada situación en la que se encuentra”
Lo verdaderamente preocupante no son únicamente las hipótesis en sí, sino el clima institucional que las hace verosímiles para una parte creciente de la ciudadanía. Cuando la sospecha sustituye a la confianza y la política se percibe como un conflicto permanente por el control del Estado, el sistema democrático entra en una nítida fase de lenta y constante erosión.
Precisamente por ello, la alerta democrática —o, si se prefiere, la alerta naranja— no debería interpretarse como un mero recurso retórico, sino como una exigencia para extremar la vigilancia sobre el ejercicio del poder. Una tarea que incumbe tanto a quienes se identifican con la oposición como a quienes, desde una izquierda genuinamente democrática y desprovista de intereses partidistas, siguen defendiendo la fortaleza de las instituciones.
