Los 'Aldama' de Baleares, arrepentidos claves en diversas condenas por corrupción

La condena impuesta por el Tribunal Supremo al empresario Víctor de Aldama en el denominado 'caso Mascarillas' vuelve a poner el foco sobre una figura recurrente en las grandes causas de corrupción: el imputado arrepentido que decide colaborar con la Justicia. La sentencia, que condena al comisionista a cuatro años y medio de prisión frente a las penas muy superiores impuestas al exministro José Luis Ábalos (24 años y tres meses, con cumplimiento máximo de 15 años y 18 meses) y a su exasesor Koldo García (19 años de prisión, con un cumplimiento máximo de 15 años), constituye un ejemplo paradigmático de cómo los tribunales valoran la confesión y la colaboración en el esclarecimiento de los hechos.

El Supremo reconoce expresamente en el caso de Aldama una circunstancia atenuante analógica vinculada a la confesión. La Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado que se apreciara dicha atenuante por la colaboración prestada por el empresario durante la investigación, una circunstancia que finalmente ha tenido reflejo en la condena. El mensaje que lanza la sentencia es nítido: el sistema penal premia a quienes contribuyen a esclarecer los delitos, facilitan pruebas, identifican a otros responsables o ayudan a reconstruir el funcionamiento de las tramas corruptas.

No se trata de una excepción. La jurisprudencia española viene reconociendo desde hace años importantes beneficios penológicos a quienes reúnen los requisitos para obtener las atenuantes de confesión, reparación del daño o colaboración eficaz con la Justicia. En numerosos procedimientos, estas circunstancias han supuesto reducciones sustanciales de las penas e incluso han evitado el ingreso efectivo en prisión.

'ARREPENTIDOS' EN BALEARES

Baleares cuenta con varios precedentes especialmente significativos. Uno de los más conocidos fue el protagonizado por Miquel Oliver Reus, Luisa Almiñana y Ramón Rullán, propietarios de la productora Video U, en el denominado 'caso Maquillaje'. Su confesión fue considerada decisiva por los magistrados de la Audiencia Provincial para condenar a Maria Antònia Munar en el 'caso Temps d'Esport', una pieza separada del 'caso Maquillaje'. Oliver aportó información detallada sobre el funcionamiento de la trama y sobre la participación de otros implicados, convirtiéndose en una pieza clave para las condenas posteriores. La expresidenta del Consell de Mallorca, por su parte, negó toda implicación en el caso pero de nada le sirvió.

Mucho antes, apareció el 'caso Andratx' de corrupción urbanística. Los tres principales investigados fueron el alcalde, Eugenio Hidalgo, el exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern y responsable de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, y el exinspector de obras municipal, Jaume Gibert. Este último, persuadido por el fiscal anticorrupción, Juan Carrau, rápidamente comprendió la conveniencia de arrepentirse de los delitos cometidos y cooperar con los investigadores. A partir de ese momento, en todas sus condenas se apreciaría la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia. Y gracias a eso, Gibert nunca más volvería a pisar la cárcel, como sí hicieron Hidalgo y Massot.

También el expresidente del Govern, Jaume Matas, optó por una estrategia de reconocimiento de hechos en diversas piezas del llamado 'caso Palma Arena'. Especialmente relevante fue el caso Over, donde admitió delitos y alcanzó acuerdos con la Fiscalía que le permitieron beneficiarse de una importante reducción de las penas solicitadas. Aquellas confesiones evitaron la celebración de largos juicios y facilitaron el esclarecimiento de los hechos investigados, lo que supuso la condena al exconseller y exsecretario general del PP de Baleares, José María Rodríguez.

Otro ejemplo paradigmático se produjo en el 'caso Scala'. Antonia Ordinas, exgerente del Consorcio del Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB), y el director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, decidieron colaborar con la Justicia y relatar con detalle el sistema de comisiones ilegales que operaba en la Conselleria de Comercio e Industria del Govern. Sus declaraciones resultaron determinantes para sustentar la acusación contra el exconseller Josep Joan Cardona, finalmente condenado a 16 años de cárcel. La colaboración de ambos fue valorada favorablemente por los tribunales y se libraron de la prisión. Cardona, por su parte, siempre se declaró inocente. No le sirvió de nada.

La misma dinámica se produjo con Miquel Vicens y Miquel Nadal en el 'caso Metalumba'. Ambos políticos de Unió Mallorquina reconocieron los hechos y colaboraron con la investigación, contribuyendo a esclarecer el cobro de sobornos al modificar el Plan General de Palma para doblar la edificación del polígono de Son Oms. Su actitud procesal fue igualmente tenida en cuenta a la hora de individualizar la pena.

Todos estos casos comparten un denominador común. La Justicia no premia la corrupción, sino la contribución efectiva al descubrimiento de la verdad. Cuando un acusado rompe el pacto de silencio, reconoce los hechos, aporta pruebas relevantes, señala a otros responsables o repara el daño causado, los tribunales disponen de mecanismos legales para modular la respuesta penal.

Víctor de Aldama se incorpora ahora a una larga lista de colaboradores cuya aportación ha resultado útil para las investigaciones. Una lista en la que Baleares cuenta con algunos de los ejemplos más notorios de la historia reciente de la corrupción política española.