El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas por parte del Govern balear durante la pandemia detalla con todo lujo de detalles cómo desde el Ministerio de Transportes que en 2020 lideraba José Luis Ábalos, se trabajaba denodadamente para favorecer a las empresas de Víctor de Aldama. La razón, supuestamente, sería las mordidas que el propio ministro, entonces secretario de Organización del PSOE, y su asistente, Koldo García, percibían por sus favores.
No hay pruebas que sitúen a responsables del Govern de Francina Armengol como integrantes de la trama corrupta, pero sí suficientes indicios para cuestionar gravemente la actuación política y, sobre todo, la credibilidad de quien hoy preside el Congreso de los Diputados.
Los hechos son elocuentes. La adquisición de 1,4 millones de mascarillas —que resultaron inservibles— se cerró 16 días antes de que se licitara formalmente el contrato. Este dato, por sí solo, revela una gestión como mínimo irregular, en la que los procedimientos administrativos parecen haber sido subordinados a decisiones ya previamente tomadas.
El informe desmonta el relato sostenido durante años por Armengol, que negó contactos o vínculos con los actores clave de la trama. Las contradicciones detectadas y las comunicaciones y contactos mantenidos con Koldo García durante muchos meses dejan patente que Armengol abrió las puertas del Govern de par en par a la trama corrupta.
Pero lo más grave es que la Guardia Civil constata que Víctor de Aldama fue recibido en el Consolat de Mar por la presidenta del Govern, algo que ella jamás relató, por algo será. Únicamente admitió haberse reunido con el conseguidor durante un encuentro con el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, pues Aldama formaba parte de la comitiva empresarial. Pero los wasap de Koldo García demuestran que hubo otra reunión en la que, por si fuera poco, Aldama accedió a la sede de la presidencia del Govern en coche.
En democracia, la responsabilidad no se limita al ámbito penal. La ausencia de imputaciones no exonera de la responsabilidad política cuando se ha faltado a la verdad en sede parlamentaria. La presidencia del Congreso exige ejemplaridad, transparencia y una credibilidad incuestionable. Hoy, esa credibilidad está seriamente dañada.
