La defensa que desde algunos sectores de Unidas Podemos se hace de la okupación es un error político y una peligrosa distorsión de la realidad social y jurídica de España. Bajo el pretexto de proteger a los más vulnerables, se acaba legitimando una práctica que erosiona uno de los pilares básicos del Estado de derecho: el respeto a la propiedad privada.
El problema de acceso a la vivienda es innegable. Los precios disparados, la escasez de oferta y la presión turística en territorios como Baleares han generado una situación límite para miles de familias. Pero convertir la okupación en una suerte de respuesta social aceptable no soluciona el problema; lo agrava. Porque desplaza el foco desde la responsabilidad de las administraciones —incapaces de garantizar políticas eficaces de vivienda— hacia una justificación implícita del incumplimiento de la ley.
Convertir la okupación en una suerte de respuesta social aceptable no soluciona el problema; lo agrava
La narrativa que presenta al okupa como víctima estructural simplifica una realidad mucho más compleja. En demasiadas ocasiones, quienes sufren las consecuencias no son grandes tenedores ni fondos de inversión, sino pequeños propietarios que ven cómo su vivienda queda bloqueada durante meses o años, atrapados en un laberinto judicial desesperadamente lento. Defender la okupación es, en la práctica, desproteger a estos ciudadanos.
Además, esta posición política introduce un elemento de inseguridad jurídica que termina afectando al conjunto del mercado. Si se debilita la protección de la propiedad, se retrae la inversión, se reduce la oferta y, paradójicamente, se encarece aún más el acceso a la vivienda. Es un círculo vicioso que golpea precisamente a quienes se pretende proteger.
La izquierda no puede permitirse discursos que normalicen la ilegalidad. La solución pasa por políticas públicas ambiciosas, por aumentar el parque de vivienda pública, por incentivar el alquiler asequible y por actuar con rigor frente a la especulación. Pero nunca por blanquear la ocupación como si fuera una herramienta legítima de justicia social. Porque no lo es. Y porque sus efectos, a medio plazo, resultan profundamente regresivos.
Quien hace esto está condenado a desaparecer de las instituciones. Desde luego, Unidas Podemos va en camino.
