La desclasificación de documentación oficial relativa al 23-F, coincidiendo con el 45º aniversario de la asonada, se presentó como un ejercicio de transparencia y para acabar con teorías conspirativas y bulos, pero el movimiento del Gobierno de Pedro Sánchez tiene más de oportunismo político que de pedagogía democrática. Una vez más, la Moncloa agita el pasado con cálculo táctico. Y, una vez más, la jugada no sale como se esperaba.
Lejos de erosionar la figura de Juan Carlos I, los documentos conocidos hasta ahora refuerzan lo que ya sostenían historiadores y protagonistas de la Transición. El entonces jefe del Estado no fue cómplice del golpe, sino un actor decisivo para su fracaso. La intervención televisada del monarca la noche del 23 de febrero de 1981 desactivó la intentona encabezada por Antonio Tejero —que casualmente falleció el mismo día en que fueron dados a conocer los documentos clasificados— y descolocó a quienes esperaban una posición tibia o equidistante de la Corona.
Durante años, determinados sectores han intentado instalar la sospecha de que el Rey jugó a dos bandas. Que alentó, toleró o, como mínimo, conocía la operación. La documentación que ahora se abre no acredita nada de eso. Al contrario: confirma que la defensa del orden constitucional fue inequívoca. Y que el sistema nacido en 1978 resistió porque el jefe del Estado actuó como debía.
La defensa del orden constitucional fue inequívoca. Y que el sistema nacido en 1978 resistió porque el jefe del Estado actuó como debía
Eso no convierte al rey emérito en una figura intocable ni borra sus errores posteriores, algunos de enorme gravedad política y ética. Pero conviene separar planos. El juicio sobre su conducta privada o sus presuntas irregularidades económicas no puede contaminar la verdad histórica de lo ocurrido el 23F.
La pregunta que se abre ahora es inevitable: si el relato oficial desmonta definitivamente la tesis de la connivencia con el golpe, ¿tiene sentido mantener al emérito en un exilio de facto? ¿Debe seguir en Abu Dabi como una figura incómoda que nadie quiere gestionar?
Su regreso no puede plantearse como una revancha simbólica ni como un pulso al actual Gobierno. Pero tampoco puede sostenerse indefinidamente una situación excepcional basada más en el desgaste reputacional que en responsabilidades judiciales pendientes, actualmente inexistentes.
Si algo demuestra la desclasificación es que la historia no se reescribe a golpe de titular ni de cálculo partidista. El 23F fue un ataque a la democracia. Y en aquel momento crítico, Juan Carlos I estuvo del lado correcto. Esa es la verdad incómoda para quienes pretendían otra cosa.
