La llegada de menores migrantes no acompañados a Baleares se duplicó en 2024. El propio fiscal superior, Julio Cano, lo reconoce en su Memoria de 2024: el archipiélago pasó de acoger 180 menores en 2023 a responsabilizarse de 368 en 2024. En la actualidad, se tutela a más de 700 menores.
Esto ha obligado a multiplicar plazas, recursos y esfuerzos destinados a los menores y también a la emancipación de estos jóvenes una vez alcanzan la mayoría de edad. Esta realidad deja en evidencia la gran mentira que el PSOE y el Gobierno de España repiten como un mantra: que el Govern balear no ha ampliado la capacidad de acogida. Los datos desmontan la acusación. Baleares ha hecho un esfuerzo extraordinario, con recursos siempre limitados, para dar respuesta a una presión migratoria que no deja de crecer y sobre la que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no actúa.
Baleares ha hecho un esfuerzo extraordinario, con recursos siempre limitados, para dar respuesta a una presión migratoria que no deja de crecer y sobre la que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no actúa
Lo grave es que, pese a este esfuerzo, se sigue señalando al Ejecutivo autonómico como si fuera culpable de una supuesta falta de solidaridad. Y mientras, desde Madrid se pretende obligar a los consells insulares a seguir recibiendo menores trasladados desde Canarias, en un reparto que puede sonar justo sobre el papel pero que en la práctica es un disparate.
En este asunto de menores no acompañados, no hablamos de cifras abstractas, sino de personas vulnerables, de adolescentes que llegan solos, desarraigados y sin una red de apoyo. Saturar los servicios de acogida solo conduce a desatenderlos, y eso sí es una irresponsabilidad.
La política migratoria del Gobierno central se ha convertido en un cúmulo de parches que no resuelve el problema de fondo: evitar la salida de pateras desde Argelia y garantizar la devolución inmediata de quienes acceden de manera ilegal a territorio español. Sin medidas firmes en origen, Baleares seguirá siendo receptor de una presión que no le corresponde asumir en solitario.
Es hora de que el Gobierno de España y el delegado del Gobierno en primera persona, Alfonso Rodríguez, dejen de esconder su inacción tras reproches falsos y asuma sus competencias y su propia responsabilidad. Baleares ha cumplido y sigue cumpliendo, aunque a costa de tensar sus recursos sociales. Lo que no puede aceptarse es que se convierta en un vertedero de la incapacidad política de Madrid para afrontar un reto que exige control, firmeza y responsabilidad.
