La tarta turística

Lejos de querer apaciguar la polémica que el gobierno español ha propiciado al excluir de la aplicación de la ley de arrendamientos urbanos el alquiler de viviendas con fines turísticos, nuestro govern –en la misma línea “liberal” de sus colegas de la capital-, azuza el enfrentamiento entre los hoteleros y el resto de la industria turística, a ver si entre todos nos cargamos el único sector que nos permite sobrevivir. Todavía me pregunto qué clase de estrategia turística tiene Delgado, cuyas actuaciones en este sentido se limitan a hacer de palmero en las presentaciones que las grandes cadenas hoteleras ofrecen de sus proyectos. No menos desnortado está el ministro canario de Turismo canario, el canario José Manuel Soria, cuya preocupación por el mercado turístico balear es patente, incluyendo su silencio por el daño que nos puede causar la absurda polémica sobre Gibraltar. Y qué decir de la mallorquinísima Isabel Borrego, máximo cargo político que las islas se merecen en el gobierno estatal, que, por no salir, no sale ni en la wikipedia. Los hoteleros lo quieren todo para ellos. Nada que decir, es legítimo, aunque miope. El turismo es “su tesoro”, y si antes se limitaban a acaparar las plazas de alojamiento, de cada vez más quieren copar la restauración y el ocio en el interior de sus establecimientos. Mallorca interesa un pimiento, lo que importa es que el turista gaste –lo poco que tiene- en su corralito particular. Las explicaciones de ayer de Aurelio Vázquez, portavoz de los hoteleros, sobre la remota posibilidad de que el govern legalice y regule el alquiler de apartamentos particulares con fines turísticos, sonrojan a quien tenga un mínimo de memoria. En primer lugar, parece como si el govern fuera a abrir un nuevo mercado, cuando éste existe desde hace décadas, aunque estuviera fuera del control de la autoridad turística. Nadie ha hablado de crear miles de nuevas plazas residenciales (¡ojalá!). Se trata solo de regular aquello que Rajoy y su canario han dejado en la más absoluta alegalidad, que no ilegalidad. La alusión a razones medioambientales en boca de un hotelero suena a chirigota. Ellos fueron los responsables del acoso y derribo de un govern por no querer que se recaudara un impuesto medioambiental irrisorio que pagaban sus clientes sin rechistar, como se hace en toda Europa. ¿Desde cuándo les interesa el medio ambiente? Me gustaría saber qué contribución económica ha hecho el sector a la recuperación de las zonas costeras que sus predecesores destrozaron. Se quejan continuamente de la falta de ayudas institucionales para la reconversión, pero ellos aportan sólo el compromiso de crear más plazas si las autoridades les arreglan sus desastres. En cuanto a la preocupación por la paz de los vecinos de los apartamentos, a la que alude Vázquez, no recuerdo ni una sola manifestación de nadie quejándose porque en su finca de la costa, además de indígenas, haya alguna familia extranjera. Quizás los hoteleros piensen que a los apartamentos acude la misma clase de chusma ebria que se lanza al vacío desde algunos de sus establecimientos. Pues va a ser que no, en general el turista residencial tiene otro perfil bien distinto, de clase media, que gasta en restaurantes, supermercados, alquila vehículos y accede a la oferta cultural y de ocio. A las cifras de balconing en uno y otro sector me remito. Y, todavía, lo de los hoteleros tiene una explicación –demasiado prosaica, quizás-, pero lo que ya no se comprende es la actitud del govern, que cada día evidencia más su mero papel de lacayo al servicio de una minúscula parte del sector, si hace falta en contra del comercio, de la restauración, de los promotores y constructores y del sursum corda, quizás confiado en que, como siempre, por más perrerías que les hagan los populares, al final les votan igualmente. Siempre me he preguntado por qué en una isla con las características de Mallorca no había cámpings ni zonas en cada municipio para estacionamiento y servicio de caravanas, como los hay en el resto del estado y mucho más en la vecina Francia, por ejemplo, donde este sector mueve cifras enormes. La respuesta es exactamente la misma que la que explica la negativa del govern a legalizar el arrendamiento de apartamentos: Los hoteleros no quieren compartir su tarta y nuestro govern espera en el primer tiempo del saludo sus instrucciones, sin las cuales tiene pánico a actuar. Como toda generalización, este artículo comete una injusticia, la de atribuir al conjunto del sector hotelero la actitud que demuestra su grupo dominante. Por eso, sería bueno que aquellos que no comparten esa visión monopolística abogaran por el reparto justo de la tarta –y también de las obligaciones y controles, faltaría más- en aras, siquiera, a no convertirse en un sector tan odiado como el de los banqueros, por poner un ejemplo elocuente. Por cierto, nada que ver la política turística del municipio de Palma, donde en general se impone el sentido común y que ha conseguido abrir la ciudad al turismo durante todo el año. Tal vez sea un buen elemento de comparación de las capacidades de gobierno respectivas de Bauzá y de Isern. Pero esa sí es otra guerra.

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