El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha calificado de “lamentables” las críticas de la presidenta balear, Marga Prohens, al decreto sobre el reparto de menores migrantes no acompañados. En una entrevista en TVE, Torres ha advertido que Baleares podría tener “consecuencias” si no cumple con la ley, insinuando incluso la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar su cumplimiento.
Estas declaraciones son improcedentes, desproporcionadas y carentes de fundamento. El Govern ha anunciado su intención de recurrir judicialmente el decreto, una acción perfectamente legítima en un Estado de Derecho.
Además, en la citada entrevista, Torres mintió al acusar al Ejecutivo balear de no haber informado al Gobierno de España del número de menores migrantes que estaban en centros de acogida de los distintos Consells Insulares, cuando es público porque se trasladó a los medios de comunicación a través de un comunicado de prensa del Govern el día 31 de marzo, que eran 573 los menores registrados.
La actitud del ministro Torres es muy preocupante. El Gobierno central opta por la descalificación y la intimidación como respuesta a la discrepancia legal y política. En lugar de fomentar el diálogo y la cooperación institucional, se opta por la amenaza y el desprecio hacia las autoridades autonómicas e insulares.
Esta estrategia es antidemocrática y muy inapropiada, pues no aporta nada positivo para la gestión eficaz de los problemas reales que enfrenta Baleares en materia de migración. La amenaza y la mentira sólo contribuye a la desconfianza entre instituciones, lo que empeora la situación, ya de por sí muy complicada.
Es urgente que el Gobierno central abandone su postura autoritaria y reconozca la legitimidad de las críticas del Govern balear y de los consells insulars. La política migratoria no debería imponerse y en cualquier caso, debe basarse en el respeto mutuo, la colaboración y el cumplimiento de la ley, no en la imposición unilateral y la amenaza.
La saturación de los servicios de acogida y la llegada masiva de pateras y migrantes a Baleares es real y el Gobierno de Pedro Sánchez no aporta soluciones ni recursos. Estamos ante una crisis humanitaria que requiere del esfuerzo de todas las administraciones para abordarla con garantías.
Llegados a este punto, los enfrentamientos políticos son estériles y no conducen a nada.