Mallorca, Eivissa y Menorca

Las cárceles de Balears carecen de orientación jurídica para presos

Ninguna de las tres cárceles de Balears tiene servicio de orientación jurídico-penitenciaria (SOAJP) para presos para que los internos reciban asesoramiento sobre su situación en prisión. Las cárceles de las islas están entre el 33 por ciento de las prisiones españolas que carecen de este servicio, según los datos que figuran en la respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado, a la que ha tenido acceso Efe .

Del total de 69 centros penitenciarios que existen en España, según datos del Ministerio del Interior, 23 no disponen de estos servicios de asesoramiento jurídico.

Por regiones, en Castilla-La Mancha (Alcázar de San Juan, Cuenca y Herrera de la Mancha), Comunidad Valenciana (Alicante cumplimiento, Castellón y Castellón II), Galicia (Bonxe-Lugo, Monterroso y Teixeiro) y Balears (Ibiza, Menorca y Mallorca) existen tres centros sin este servicio.

Mientras, carecen de él dos centros en Canarias (arrecife de Lanzarote y Santa Cruz de la Palma), y Castilla y León (Segovia y Soria), y un centro en Extremadura (Cáceres), Ceuta, La Rioja (Logroño), Melilla, Murcia (Murcia II), Aragón (Teruel) y Asturias (Villabona).

Este servicio de asesoramiento sobre su situación penal, penitenciaria o cuestiones de extranjería, entre otros, lo pueden solicitar los reclusos a la dirección del centro penitenciario, explica el Gobierno en su contestación.

Asimismo, en la respuesta del Ejecutivo también figura que son las comunidades autónomas las que deben expresar por qué no prestan este servicio, al tiempo que recuerda que la administración penitenciaria siempre da orientación jurídica a los internos que lo solicitan.

También se explica, a petición de Hurtado, que este servicio no supone ningún coste para la administración penitenciaria, si bien puntualiza que son los colegios de abogados o las comunidades autónomas que lo sufraguen quienes deben valorar su coste.

En la actualidad, la comunidad autónoma que ha expresado su disponibilidad y que sufraga el servicio a los colegios de abogados es Andalucía, quien suscribió un acuerdo de colaboración en este sentido.

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