El juicio que acaba de iniciarse en el Reino Unido para que la justicia británica decida sobre la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, es mucho más que un simple proceso individual en el que se dirime la situación legal de una persona; lo que se está sustanciando es si la libertad de información de los periodistas y medios de comunicación y el derecho de los ciudadanos a ser informados prevalece, o si lo hace la capacidad de los estados a decidir, en aras a la supuesta seguridad nacional, de qué se puede y de qué no se puede informar y, por tanto, a censurar arbitrariamente y a ocultar todos los hechos que no les interese que se hagan públicos, sean de verdad de interés para la seguridad, o actos ilegales que no tienen más justificación que el abuso de poder y la corrupción.
Julian Assange fundó Wikileaks precisamente para dar a conocer a la opinión pública mundial actos ilegales cometidos por estados y también corporaciones. El propio significado de la palabra “leak” en inglés, filtración, fuga, implica que el objetivo es difundir informaciones que se “filtran”, que se “fugan” de los secretos de estado, pero sobre todo de las cloacas de los estados.
Wikileaks ha difundio informaciones de muchos estados y corporaciones, por lo que ha sido perseguido legalmente por gobiernos y empresas, bajo las acusaciones de delitos de revelación de secretos, de atentado a la seguridad nacional o de pirateo de información privada. Sin embargo, la gran mayoría de las informaciones difundidas hacen referencia a actos ilegales o, como mínimo, carentes de ética.
Estados Unidos le está persiguiendo con saña porque reveló vídeos con actos de asesinatos de civiles en Irak por parte del ejército estadounidense, auténticos crímenes de guerra. La respuesta de la justicia y el gobierno norteamericanos no ha sido la investigación de tales crímenes, a fin de llevar ante la justicia a sus responsables, sino acusar a Assange y solicitar su extradición, en un primer momento, en una jugada extraña y oscura con la complicidad de la fiscalía sueca, que solicitó su detención en el Reino Unido, y su extradición por unas confusas y nunca aclaradas acusaciones de acoso sexual, acusaciones que finalmente fueron retiradas al cabo de unos años, sin que nunca se haya difundido cuál era el fundamento para tal pretensión de extradición, que no debía ser muy sólido cuando se ha archivado todo el asunto sin más.
Assange siempre adujo que la solicitud sueca era una añagaza para hacer de puente a una futura extradición a Estados Unidos, lo que le motivó a romper la libertad provisional y pedir asilo político en la embajada de Ecuador en Londres, donde ha residido durante siete años durante la presidencia de Rafael Correa, que no cedió a las presiones de Estados Unidos para que le levantara el asilo, lo que sí ha hecho el nuevo presidente ecuatoriano Lenín Moreno, al parecer más permeable a las coacciones estadounidenses.
La retirada de la solicitud de Suecia y la inmediata demanda de extradición de Estados Unidos, parecen dar la razón a Assange de que la petición sueca era solo un amaño para acabar en Washington.
Ahora serán los tribunales británicos los que tendrán que decidir, sabiendo que en Estados Unidos difícilmente tendrá un juicio justo, que la fiscalía solicita para él penas de más de cien años de prisión y que su extradición lanzaría un mensaje demoledor para la libertad de prensa y el derecho a recibir información veraz y actual, incluyendo los desmanes cometidos por funcionarios, civiles y militares, de los estados y consagraría el derecho de éstos a la inmunidad y a la impunidad, en nombre de la seguridad nacional y la (sin)razón de estado.
