Parece increíble que un presidente de comunidad autónoma pueda meterse en semejante lío lanzando una propuesta absolutamente inviable, pues colisiona con el sistema de libertades públicas que garantiza la Constitución de 1978 y los tratados de la Unión Europea suscritos por el Reino de España. La libertad de circulación es un derecho fundamental que no admite restricciones caprichosas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lanzó la propuesta de limitar el número de visitantes que llegan al archipiélago canario. Rápidamente el vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, no descartó aplicar la medida en Balears.
Es decepcionante que dos gobernantes autonómicos (un presidente y un vicepresidente autonómico) planteen una medida que es de imposible aplicación, pues contraviene derechos fundamentales. La Administración tiene a su alcance un amplísimo abanico de medidas, todas ellas de política turística, para modular el efecto del turismo sobre la sociedad y el territorio. Pero lanzarse a la prohibición de plano, a parte de ser algo contrario a la legislación, es la más burda de las medidas. Se puede actuar sobre la calidad de la oferta turística, se puede actuar contra la oferta ilegal (que campa a sus anchas y prolifera como nunca gracias a la sociedad de la información y a las redes sociales), etc. Pero lo que no se puede es establecer numerus clausus porque tal medida es contraria a la legislación, además de transmitir un mensaje indeseable de que el turismo es algo así como una actividad perniciosa, lo que va contra la realidad social y económica balear.
