El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de la Generalitat a las obligaciones que le imponen las leyes y por el hecho de que sus actuaciones "atenten gravemente" al interés general de España.
LOS ARGUMENTOS
El Gobierno ha preparado un documento de once fólios en los que justifica la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por la necesidad de restaurar la legalidad, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes.
Esos son los cuatro "grandes objetivos" que amparan, según el Ejecutivo, la aplicación de este procedimiento que se plantea "de forma garantista", persiguiendo en todo caso "asegurar derechos y no restringir libertades".
En este documento, el Gobierno también acude a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentencia del año 2014 dice que el artículo 155 "opera como medida de último recurso del Estado ante una situación de incumplimiento, manifiesto y contumaz, deliberado o negligente de una determinada comunidad autónoma, que no ha adoptado, primero por propia iniciativa y luego a instancias del Estado, las medidas oportunas para corregir la desviación en la que ha incurrido".
En otra sentencia de 1981, que cita este texto, el alto tribunal califica el artículo 155 como uno de los preceptos constitucionales "consecuencia del principio de unidad y de supremacía del interés de la nación".
En otra parte del documento del Ejecutivo se explica "que las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico en Cataluña", habiéndose provocado "una progresiva fractura y se han puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento económico".
En este sentido, cita el traslado de domicilios sociales de importantes empresas catalanas, el daño a la actividad turística y, en el ámbito industrial, una disminución en el número de pedidos de automóviles, mientras que en el comercio interior se observa una bajada de las ventas en grandes superficies.
LAS MEDIDAS
Rajoy ha reducido a dos las medidas que incluirán el precepto constitucional, por una parte, el cese del presidente, el vicepresidente y de los consejeros del Govern, de manera que las funciones pasarán a manos de “los órganos o autoridades que designe el Gobierno”, aunque Rajoy ha señalado que en principio, la idea es que las competencias las asuman los ministros.
Con lo cual, la Administración de la Generalitat, de acuerdo con artículo 71 del Estatut, “continuará funcionando como hasta ahora”, conforme a las funciones que el Estatut y la normativa le atribuyen, aunque “se trabajará bajo directrices de los órganos creados”, ha condicionado el presidente.
Así, los Mossos pasarán a ser competencia de Interior y las finanzas catalanas pasarían a manos del Ministerio de Economía, además, TV3 será intervenida.
La segunda gran medida tiene que ver con el Parlament y, en buena parte está relacionada con la primera y el objetivo de que las elecciones sean convocadas por el propio Rajoy.
De esta forma, el presidente propone al Senado vetar que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pueda proponer candidato a la presidencia de la Generalitat ni que la Cámara catalana pueda celebrar el debate y votación de investidura.
MOSSOS
En cuanto a los Mossos, el Gobierno ha avisado que con la aplicación del artículo 155 de la Constitución los miembros de los Mossos d'Esquadra pueden llegar a responder penal y patrimonialmente si incumplen las órdenes o instrucciones dictadas, si así lo valida el Senado, por las autoridades designadas tras la destitución de la Generalitat de Cataluña.
El Gobierno de Mariano Rajoy, si así lo valida el Senado la próxima semana, "podrá dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la Policía de la Generalitat de Cataluña- Mossos d'Esquadra", según el texto.
Advierten de que, "en el caso de que sea necesario", los Mossos podrán ser sustituidos por efectivos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.
En el caso de que se mantenga la desobediencia, avisa de que "se podrá proceder a su exigencia, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica especial que resulte de aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de otro orden a que pudiera dar lugar"
