El Ministerio de Sanidad postransferencial, con competencias asistenciales residuales, cumple un importante papel de vertebración social. Establece e integra las políticas sanitarias, las de bienestar y las de igualdad a nivel de todo el país.
Cuantitativamente su papel es menor, en la medida que la asistencia la prestan las CCAA y se financian con los impuestos y fondos generales. Cualitativamente es muy importante. De él depende el equilibrio de las políticas sociales; y las normas no pueden ser un muro para la equidad en la asistencia.
Los presupuestos, de carácter marcadamente restrictivo, han acentuado en los últimos años las asimetrías entre comunidades y han generado diferencias de accesibilidad. La infrafinanciación y los déficits en la gestión se han manifestado, en este contexto, como las variables que más han afectado a la solidaridad entre las personas y los territorios.
El presupuesto del ministerio para 2016 es de 2.000 millones de euros, con un aumento respecto al ejercicio anterior, cercano al 6%. Resta el formalismo de la aprobación parlamentaria y algo tan importante como conocer quien lo va a gestionar. El gobierno que salga de las elecciones del 20 de diciembre será el responsable de su ejecución.
En realidad, los fondos asignados al ministerio del ramo solo determinan el 50% del presupuesto sanitario público real. Hay que añadirle otros 2.000 millones aportados por el Ministerio de Defensa, el de Hacienda y Administraciones Públicas, el de Trabajo y el de Interior. Estos ministerios disponen de fondos finalistas que contribuyen al mantenimiento de ámbitos tan importantes como los centros del ejército, la financiación de las Mutualidades de funcionarios, las Mutualidades laborales y los conciertos para la atención a los presos.
Se tienen que aprovechar los ciclos de crecimiento para incrementar las partidas destinadas a sufragar e incentivar la cohesión entre territorios. Fondos directamente vinculados a la seguridad alimentaria, las estrategias nacionales en enfermedades prevalentes, la interoperabilidad de los sistemas de información entre comunidades, la alta inspección, la política de trasplantes, la formación especializada, la política de recursos humanos, la sanidad exterior y la política farmacéutica. Y el cuarto pilar del estado de bienestar, la dependencia. Todas ellas son básicas para garantizar la libre circulación de ciudadanos y profesionales y la calidad del sistema sanitario.
Las brechas territoriales no solo responden a la financiación asistencial. La calidad de la gestión repercute de forma sustantiva en la calidad de la asistencia. Además, la inversión en centros sanitarios es muy elevada en países cuya sanidad es de peor calidad que la española.
Los presupuestos del estado son, paradójicamente, más importantes para garantizar la igualdad en el acceso que cuando la asistencia se prestaba directamente por el mismo organismo provisor. Las políticas y la gestión de las políticas sanitarias deben disponer de fondos finalistas que consoliden un sistema sanitario de calidad y equitativo.
