El proceso catalán ha dado un triste protagonismo a las dos televisiones públicas de referencia en Barcelona y Madrid, alentadoras, cada una, de una postura respecto al procés catalán.
Tanto TVE como TV3 no se han limitado a informar sino que se han dedicado a intentar sumar adeptos a “sus” causas, manipulando la información que ofrecían a su audiencia, incluso a la infantil. Eso va contra sus respectivas leyes de creación y contra la propia Constitución.
Esta dura afirmación no la hace un servidor sino que me limito a recoger la de profesionales de los respectivos entes y de reconocidos críticos de televisión, como Ferrán Monegal que ha acusado reiteradamente a TV3 por intentar manipular a los televidentes para votar “Sí” en el referéndum del pasado 1 de octubre. Esta semana, además, hemos conocido los motivos de abandono de dos trabajadores de TV3 por la que consideran una burda manipulación de la información con el objeto de perseguir todo aquello que suene a español y ganar adeptos a la causa catalana. Sus nombres son Joan López Alegre y Nacho Martín Blanco y su artículo “Adiós al circo del odio” publicado en El País no deja a nadie indiferente. Recomiendo su lectura.
El artículo 14 de la ley de creación de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (ley 10/1983) enumera los principios de programación en TV3 y medios afines. En primer lugar, se cita la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña y los derechos y libertades que en ellos se reconocen y garantizan. Es del todo incongruente que una corporación de medios se nutra de los principios constitucionales (lo dice su ley de creación) y vaya contra ellos, apoyando el “Sí” en un referéndum que está al margen de la ley y cuya voluntad es la ruptura de la Carta Magna. La objetividad, el pluralismo político, la imparcialidad, el respeto a la libertad de expresión son otros principios que deberían inspirar a TV3, según su ley de creación pero parece que el principio de promoción de la cultura y lengua catalana, mal entendido, ha sido el que ha pisoteado al resto.
Pero de esta grave acusación tampoco se salva TVE. El día siguiente al referéndum catalán, algunos periodistas de la casa se manifestaron de manera espontánea con carteles de “vergüenza” por el tratamiento informativo de las cargas policiales el día del referéndum. Los representantes de los periodistas han solicitado mediante un comunicado la dimisión de toda la Dirección de Informativos y les han acusado de no cumplir con la letra ni el espíritu de la Ley de RTVE.
Toda televisión pública se debe a criterios de servicio público y no debe faltar a la objetividad e imparcialidad en los contenidos que se ofrecen. Se debe respetar la pluralidad de la audiencia en la elaboración de los contenidos o mantener la fidelidad en el tratamiento de la noticia. Por profesionalidad y porque son ellos quienes las financian. TVE, sin ingresos publicitarios, es claramente deficitaria y vive de los fondos recibidos de los contribuyentes españoles, catalanes o no.
TV3, como el resto de las televisiones públicas autonómicas, mantiene la publicidad pero ésta no genera ingresos suficientes para financiarse. A través de un contrato programa es la Generalitat la que aporta el resto de fondos. Es decir, la pagan todos los catalanes pero también los españoles no catalanes. Tanto los independentistas que votaron en el referéndum como los que llenaron de banderas españolas la vía Layetana días después.
Dejo al margen de esta consideración a mi querida IB3. Las circunstancias actuales lo aconsejan. Las bajas audiencias, el descontento generalizado de la plantilla del Ente y la reciente pérdida de la esposa del Director General (desde aquí le mando mis condolencias) me sugieren pasar de largo aunque el tratamiento de la cuestión catalana, a mi entender, no ha sido ecuánime. Baste ver el testimonial tratamiento que se hizo a la manifestación en Barcelona por la unidad de España comparado con el resto del procés.
Los directivos de las televisiones públicas deben velar por el cumplimiento de la legalidad en sus Entes y en los contenidos consumidos por la audiencia. Lo contrario debería acarrear responsabilidades. El contenido que se emite por la pantalla de televisión es una fuente importante para el desarrollo del espíritu crítico en la población, sobre todo la infantil y juvenil. No solo tiene una función informativa sino que también es formativa porque ayuda a formar la personalidad y criterios ante la realidad. La televisión pública, a diferencia de la privada, no está sujeta a una línea editorial. El servicio público encomendado es el de fomentar el espíritu crítico y la capacidad de elección de la audiencia. No la imposición del criterio de los gobernantes de turno. La imposición de ideologías no tiene cabida en una sociedad occidental moderna como la nuestra, en pleno siglo XXI. Tampoco en la televisión.
