Es llamativa la decisión de la Audiencia de Palma de rechazar la petición del expresidente Jaume Matas para que la pena de nueve meses de prisión a la que fue condenado por el Tribunal Supremo sea sustituida por una multa. Y lo es porque Matas no parece ser tratado como el resto de ciudadanos.
Aunque la ley indique pero no lo explicite de forma taxativa, sino que lo condiciona al albedrío de los magistrados, nadie condenado a menos de dos años de cárcel ha ingresado en prisión cuando resulta palmario que no hay ninguna posibilidad de reincidencia. Y Matas fue juzgado como consecuencia de su condición de presidente del Ejecutivo autonómico. Es evidente que no puede repetir ninguno de aquellos actos porque hace más de seis años que ha renunciado a la más mínima actividad pública. La pena de nueve meses a la que le condena el Supremo es por la famosa palabra "hágase". Una palabra que es imposible que pueda volver a pronunciar en la actualidad, ya que es un ciudadano como los demás, sin ningún poder político.
Sin embargo, los indicios apuntan a la posibilidad de que los jueces de la Audiencia querrían forzar el ingreso en prisión de Matas amparándose en esta condena de nueve meses y en que tiene pendientes otros juicios. Resultaría muy sorprendente que esto pasase hasta que el Supremo no se vuelva a pronunciar y dictando una sentencia que implicase la cárcel de forma inapelable.
La Audiencia de Palma condenó a Matas a seis años, pero el Supremo acordó una más que sustanciosa rebaja. En la práctica esta sentencia del Alto Tribunal indica a las claras que no ve motivos para meter en un centro penitenciario al expresidente y exministro de España. El siguiente paso era que Matas pidiese la sustitución de los nueve meses por multa. La Audiencia se lo ha negado. ¿Decretarán su ingreso en prisión cuando expiren los recursos de los nueve meses y la multa? Esa es la gran incógnita. que podría sentar un grave precedente hacia otros condenados a menos de dos años.
El desarollo de los casos judiciales ligados a políticos está produciendo efectos sorprendentes. El Supremo rebaja en mas del 80% la pena a Matas pero, aún así, la Audiencia no despeja la duda de la cárcel. Y este mismo Supremo mantiene la pena a Maria Antònia Munar de cinco años y medio de prisión, poniéndola en la práctica entre rejas.
En conjunto, son demasiadas disfunciones, demasiada confusión. Los políticos no deben tener privilegios pero, de la misma forma, han de tener el mismo trato que el resto de ciudadanos. La Justícia no debe convertirse jamás en un espectáculo mediático.en el que el principio de igualdad quede difuminado por la gran repercusión social de algunas decisiones que parecen más fruto del voluntarismo que del rigor técnico en la aplicación de la ley.
