La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha cumplido con su palabra. Durante su primer Consell de Govern celebrado el viernes tras la toma de posesión de los consellers que componen el Ejecutivo autonómico, ha acordado desistir del recurso interpuesto por la Abogacía de la Comunidad Autónoma contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ordenó la suspensión del decreto de tratamiento integrado de lenguas, más conocido como TIL. Se trata de la muerte definitiva de un proyecto que generó el mayor nivel de enfrentamiento y crispación que se recuerda en la historia de Baleares.
A nadie puede extrañar porque el Partido Popular impulsó el TIL en solitario, amparado en su mayoría absoluta, desoyendo las críticas de la comunidad educativa, los sindicatos de docentes (alguno de ellos proclive al PP), las asociaciones de padres y de estudiantes, las protestas ciudadanas en la calle, etc. También se va a tramitar por la vía de urgencia la derogación de la Ley de Símbolos, pergeñada para acallar las protestas al TIL en los centros educativos.
La laminación del TIL y la Ley de Símbolos supone un acto simbólico que satisface a los colectivos que se han mostrado más beligerantes contra el PP por su política lingüística, una política errónea que fue percibida por una parte de la sociedad como agresiva contra la lengua y la cultura propia de Balears y que, a la postre, le ha costado a los populares miles de votos e importantes alcaldías.
Naturalmente, el Govern pondrá fin a experimentos absurdos como el uso del artículo salado en ámbitos como la radio y la televisión públicas IB3. Por más que determinados colectivos españolistas alcen la voz, hay que ser conscientes de la importancia de la lengua propia y de su correcta utilización en los medios públicos bajo el asesoramiento de la UIB, como establece el Estatuto de Autonomía.
