Multas a una veintena de aerolíneas

En menos de una semana, el Ministerio de Consumo -con el ministro Alberto Garzón en funciones- ha sancionado a casi una veintena de aerolíneas por cobrar por el equipaje de mano, por no disponer de teléfonos gratuitos de atención al cliente, por no permitir pagos en metálico en los aeropuertos o por el cobro de una tarifa a menores y personas dependientes que querían viajar sentados junto a sus acompañantes.

Todas estas circunstancias habían sido denunciadas por las asociaciones de consumidores durante los últimos años, por lo que sorprende que sea con un gobierno en funciones cuando se adopte la decisión, máxime cuando el titular de la cartera, Alberto Garzón, ya anunció a principios de junio que se retiraba de la primera línea política, dispuesto a emprender nuevos proyectos.

Independientemente de las razones del ministro para actuar en este tiempo de descuento -y una vez que el Ministerio tiene potestad sancionadora desde mayo del año pasado-, los expedientes abiertos tienen todo el sentido del mundo. En el caso del cobro de un extra por llevar equipaje de mano, Facua denunció el caso hace dos años, siendo ahora cuando la sanción se ha concretado, entre otras compañías, contra Ryanair, Vueling, Easyjet y Volotea. Estas aerolíneas se enfrentan a sanciones que pueden alcanzar entre los 150 y 10.000 euros si son consideradas leves y entre los 10.001 y 100.000 euros si son consideradas graves.

En el caso de los teléfonos de atención al cliente, la lista es mayor, aunque aún no está cerrada. Consumo ha incoado expediente de sanción a Blue Air, Binter, Canary Fly, Iberia, Wizzair, Volotea, Air Europa, Condor, Iberojet, Easyjet, Finnair, Iceland Air, SAS, Transavia, Wamos Air y EgyptAir. Todas ellas están señaladas por no disponer de teléfonos gratuitos de atención al cliente -con prefijos 800 o 900- o, en el caso de que existan, que tengan un acceso tan difícil que hace prácticamente imposible su uso para los viajeros.

Con este tipo de actuaciones, las compañías incurren en una serie de incumplimientos de sus obligaciones legales en materia de servicios de atención al cliente, sin que ello pueda tener justificación por el hecho de que en su mayoría se trate de compañías low-cost, porque el tráfico aéreo se haya visto sometido a fuertes tensiones por causas de la pandemia -y el parón de la actividad que conllevó- o por el incremento de los costes de combustibles posteriores.