Nudo gordiano

Este miércoles publica el BOE el Real Decreto que activa la séptima regularización masiva de migrantes ilegales, lo que deja en evidencia el absoluto fracaso con el que la administración ha tratado de ponerle coto a la avenida y permanencia masiva de ciudadanos extracomunitarios en este país. 

Es innegable que la presión humana no es fácil de resolver, dado que la mayoría de quienes buscan cobijo lo hacen desde países pobres, la mayoría del planeta, y nadie ha encontrado una formula eficaz para evitar sus lógicas aspiraciones, sin vulnerar el respeto a los más elementales derechos individuales. Por ello resulta profética la frase “Si a los inmigrantes les cierras la puerta, te entran por la ventana”, que pronunciara Felipe González poco después de aprobar 38.000 solicitudes, al año siguiente de que entrara en vigor la primera Ley de Extranjería. Esta regularización coincidió en el tiempo con la que llevó a cabo el republicano Ronald Reagan, que concedió el permiso de trabajo a más de dos millones de irregulares y que contrasta con la más que polémica iniciativa del actual titular de la Casa Blanca, Donald Trump, que se cree Alejandro Magno y, ante la imposibilidad de deshacer el nudo gordiano de la migración, ha optado por cortarlo con su espada.

Aunque la vivienda y la incertidumbre internacional se han erigido en los mayores problemas para la mayoría de los españoles, durante la crisis de los cayucos hace veinte años e incluso durante esta década, la inmigración irregular no ha descendido de los puestos de cabeza, llegando a liderar el ranking del CIS en diferentes periodos. No es de extrañar que la clase política también esté en el Top 5 de las migrañas ciudadanas, porque lejos de ser un problema de Estado, de dimensión universal y difícil solución, su existencia y remedios se han empleado por los partidos como un arma arrojadiza. 

El Gobierno abre ahora las puertas laborales y sociales a medio millón de irregulares, aunque algunas fuentes duplican esa cifra por reagrupamiento y a pesar de que se ha visto conminado a endurecer la norma en el último momento por recomendación del Consejo de Estado. El Órgano consultivo, presidido por Carmen Calvo cuestionaba los criterios de vulnerabilidad, la acreditación suficiente de antecedentes penales y la compatibilidad de ser, también, beneficiario de un permiso por Protección Internacional. Tampoco se han mostrado partidarios de la medida los partidos de la oposición, la mayoría de Comunidades Autónomas y muchos dirigentes de la Unión Europea, que han expresado su preocupación por la posibilidad de que ponga en riesgo la seguridad, la cohesión social y el correcto funcionamiento del espacio Schengen.

Las personas migrantes que no consigan la residencia, no serán expulsados, lo que incide en el “efecto llamada” de estas medidas, mientras que los que sean regularizados obtendrán una autorización con una vigencia inicial de un año, cinco en el caso de familias con hijos menores de edad, que les habilitará para residir y trabajar por cuenta ajena o propia, en cualquier parte del territorio español, pero no en cualquier otro país de la Unión Europea. Esta excepción, que puede ocasionar conflictos en caso de deportación de algún regularizado, sólo es cuestión de tiempo que se subsane, porque la Ley de Extranjería permite la nacionalización tras un plazo de permanencia, diferente según su origen. En cualquier caso, la temida repercusión sobre los costes y la eficiencia de la Sanidad Pública, será imperceptible, tras la aprobación del Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, que regula el acceso a la sanidad para extranjeros sin residencia legal, garantizando ya la atención primaria y especializada para todos, a través del sólo empadronamiento. 

Lo que sí es relevante es el giro copernicano de Moncloa, ya que en marzo de 2024, la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, compareció ante la Comisión correspondiente del Congreso manifestando su rotundo rechazo a las regularizaciones generales por considerar que no son “una herramienta adecuada” y que “nuestro modelo no se basa en soluciones generales, sino en procedimientos individualizados”. El PSOE reiteró esta tesis en un debate en abril y, al mes siguiente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió en las Cortes que “España no puede impulsar una regularización general al margen del marco jurídico europeo”. Finalmente, hace escasamente un año, tras la aprobación del nuevo Reglamento de Extranjería -que ahora se modifica-, el Gobierno descartó rotundamente la posibilidad de llevar a cabo una regularización extraordinaria de inmigrantes.

Todos los procesos equivalentes llevados a cabo en democracia, incluido el más amplio que acometió José Luís Rodríguez Zapatero, han contado con el aval del Parlamento, algo que el actual Gobierno ha hurtado a los representantes de la soberanía popular mediante el uso de un Real Decreto extraordinario pactado con un grupo minoritario y dejando patente el poco respeto del PSOE a sus socios en el Ejecutivo. Pero aún es más nocivo que no responda a una Iniciativa Legislativa Popular que atiende Ferraz, preocupado por una necesidad inobservada en sus casi ocho años al frente del Gabinete ministerial, sino tan sólo es otra muestra del trilerismo monclovita para evitar su desahucio y la falta de escrúpulos por parte de Podemos que permitirá, con la nariz tapada y mirando para otro lado, ceder las competencias de inmigración a Cataluña. De este modo, Junts cree ganar enteros en su batalla local con ERC y puede seguir desangrándonos, con el beneplácito de los socialistas, aunque su victoria no tenga nada de progresista ni responda al interés general de los españoles.