Pandemia y baja natalidad en Baleares

La pandemia ha agravado el ya progresivo desplome de la natalidad en España de los últimos años. El fenómeno no es nuevo, pero las circunstancias generadas por la crisis actual han venido a agudizar un problema que, de no frenarse, conllevará severas consecuencias sociales y económicas a medio y largo plazo.

Los nacimientos descendieron un 14,9 por ciento en febrero en Baleares con respecto al mismo mes de 2020, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) que contabilizó 668 nuevos baleares. El dato fue peor en enero, cuando los nacimientos cayeron un 19,8 por ciento, pero en ningún caso puede servir de consuelo: las cifras son malas desde cualquier punto de vista. La estadística balear evoluciona en consonancia con la del conjunto del estado, donde los natalicios bajaron un 14,8.

La pandemia ha afectado de forma notable a la natalidad, retornando la estadística a datos desconocidos desde la posguerra. Antes de esta crisis, sin embargo, España ya era el tercer país de Europa con la natalidad más baja. Actualmente, la tasa de fecundidad en nuestro país es de 1,3 hijos por cada mujer, según el mismo INE.

La tasa de natalidad, por su parte, se sitúa en 7,62 nacidos por cada mil habitantes; un dato que en Baleares mejora ligeramente hasta los 8,08, pero que debe esta progresión a la población extranjera, más dispuesta a tener hijos que los nacionales. Las parejas de nacionalidad española en las Islas alcanzan una tasa de 6,9 hijos por cada mil habitantes, mientras que son las parejas de origen extranjero las que elevan esta tasa hasta los 12,35 nacidos por cada mil.

El escenario -con jóvenes que cada vez ven más improbable o lejana la posiblidad de tener hijos- sitúa al país y a las Islas en una tesitura que puede acarrear serios problemas, con consecuencias directas en el mercado de trabajo y en la propia estructura social. Y es que la repercusión de esta baja natalidad se dejará sentir desde las pensiones hasta la falta de reemplazo generacional, elemento en el que España lleva instalada los últimos 35 años.

Los expertos apuntan múltiples causas, desde la crisis económica y social, a las escasas ayudas a las familias y a la conciliación laboral. Queda mucho margen para la mejora y las administraciones públicas, más resueltas a la hora de acometer políticas a corto plazo -a menudo superficiales o directamente clientelares, dirigidas a grupos muy minoritarios- siguen sin resolver un problema estructural que es de los más graves que sufre el conjunto de la sociedad. La prioridad deberían ser políticas de largo recorrido, que dejen sólidas bases para el desarrollo futuro. Algo que vaya más allá de una legislatura o de un ejercicio anual y que trascienda la propia gestión del bien común, el presente y el que está por venir.