El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, superó este jueves el debate de investidura y obtuvo la confianza del Congreso de los Diputados a la primera votación, logrando, como estaba previsto y sin que hubiera sorpresas, 179 votos a favor.
Los 121 diputados del PSOE, los 31 de Sumar, los siete de Esquerra Republicana de Catalunya, los siete de Junts per Catalunya, los seis de EH Bildu, los cinco del Partido Nacionalista Vasco, un voto del Bloque Nacionalista Galego y otro más de Coalición Canaria, han otorgado su confianza al candidato socialista propuesto por S.M. el Rey Felipe VI, quien ya ha sido informado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol y hoy mismo se publicará en el BOE.
A la vista del discurso pronunciado por Pedro Sánchez desde la tribuna, donde perdió de vista el motivo del debate y se dedicó a criticar a los 12 gobiernos autonómicos donde gobierna el PP, –que contrastan con los tan solo tres donde lo hacen los socialistas, Navarra, Asturias y únicamente en Castilla-La Mancha en solitario–, merece la pena detenerse a analizar desde el punto de vista de Baleares lo que significa que Pedro Sánchez revalide la presidencia del Gobierno de España.
En primer lugar, hay que lamentar que Sánchez aprovechase su intervención para criticar a Baleares, sin citarla, por la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y también por la eliminación de la Oficina Anticorrupción de las Islas Baleares, afirmando que PP y Vox “promueven la opacidad”.
El presidente del Gobierno en funciones muestra muy poco respeto por las decisiones democráticas del Parlament de Baleares, lo que resulta incoherente con reclamar respeto por las decisiones que adoptan otros parlamentos democráticos, sobre todo cuando rezuman inconstitucionalidad por los cuatro costados, como es la proposición de ley de amnistía.
Otra muestra de incoherencia flagrante es proclamarse defensor del entendimiento y la reconciliación con el independentismo catalán y, a la vez, hostigar a las comunidades autónomas donde no gobiernan los socialistas, lo que genera aún más división y enfrentamiento.
La mancha democrática con la que el Gobierno echa a andar, con una amnistía a delitos que atenta nada menos que contra la división de poderes y la independencia de jueces y tribunales, como denuncian multitud de organizaciones de operadores jurídicos, es altamente preocupante; lo que justifica que la Abogacía de la Comunidad Autónoma se pronuncie sobre las actuaciones legales que procede emprender en defensa de los ciudadanos de Baleares.
Además, el debate de investidura puso en evidencia que el Gobierno está ahora en manos de los independentistas, destacadamente de Carles Puigdemont, algo que el PSOE siempre negó estar dispuesto a asumir. Otra mentira.
Como ha sucedido en tantas otras ocasiones, el Gobierno de España tendrá ahora un color político (PSOE y Sumar) y el Govern de les Illes Balears tendrá otro (PP), lo cual no debería ir en detrimento de los derechos de los ciudadanos del archipiélago.
Sin embargo, las palabras de Pedro Sánchez censurando a las comunidades donde los socialistas están en la oposición, no vaticinan nada bueno.
