¿Pero quieren leer qué dicen las leyes en vigor?

La exconsellera de Educación, Bárbara Galmés, culminó este fin de semana su fantástica colección de condenas judiciales por saltarse la Ley tal como le apetecía, ignorando cualquier consideración. Ahora, los colegios del Parc Bit, vinculados al Opus Dei, han ganado el recurso que presentaron contra la decisión adoptada en 2007 se suprimirles el concierto. Este tema no es una cuestión opinable, en la que cualquiera puede decidir: la Constitución reconoce el derecho de que se imparta educación por parte de todo tipo de organizaciones y, precisamente para evitar que el poder público introduzca cortapisas ideológicas, para evitar que cualquiera se autoatribuya el papel de Torquemada y decida según su gusto, obliga a que los conciertos sean automáticos, si se cumplen ciertas condiciones absolutamente técnicas. Lo que garantiza la Ley es que si hay padres que envían a sus hijos a estas escuelas, es decir que si hay quien tiene interés en ellas, el Estado tiene que financiarlas. Y las opiniones diferentes, legítimas, nos las guardamos, porque eso es respetar la pluralidad. Yo personalmente no estoy de acuerdo con lo que está detrás de estas escuelas, como tampoco estoy de acuerdo con otros muchos planteamientos ideológicos, por eso no mando a mis hijos a esos centros de enseñanza, pero he de reconocer que tienen los mismos derechos que yo y por eso tienen que tener el concierto, como lo tiene mi escuela, la que yo y mi familia elegimos para mis hijos. Eso es lo que aprobó todo el mundo, incluso el PSOE, en las leyes fundamentales de este país, allá por los años setenta. En el caso de Galmés su postura política, aceptable, la llevó a privar a estos padres de un derecho reconocido en la Constitución y a hacer de su capa un sayo. Ahora, la Justicia, que respeta estrictamente lo que dice la Ley, actúa. La pena es que Galmés no sea responsable personal de sus tropelías.