Los agentes del Grupo de Acción Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma acusados de cometer irregularidades entre 2007 y 2015 para favorecer al dueño de varios locales de Playa de Palma a cambio de consumiciones y servicios sexuales, han rechazado el supuesto trato de favor a los negocios del empresario Miguel Pascual.
El tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma, presidido por el juez Jaime Tártalo, ha celebrado este martes la
segunda sesión del juicio por el llamado caso Playa de Palma o caso Pabisa, en una jornada en la que han continuado los interrogatorios de los encausados.
La Fiscalía pide cinco años de prisión para el empresario por un delito de cohecho activo continuado y una multa de 60.000 euros, y para el subinspector de la Patrulla Verde solicita cuatro años y medio de cárcel y 48.000 euros de multa por cohecho pasivo continuado y diez años de inhabilitación para cargo o función pública por diez años por prevaricación continuada.
Para los otro ocho policías locales y el funcionario del área de urbanismo en Palma el fiscal Juan Carrau reclama cuatro años y medios de cárcel y multas de 48.000 euros por hecho pasivo continuado e inhabilitación por diez años.
Después de que este lunes el empresario acusado se negara a declarar y el subinspector de la Patrulla Verde rechazar cualquier trato de favor hacia estos negocios de Playa de Palma, varios agentes han declarado esta mañana que hubiera cualquier acuerdo con el dueño de varios locales de esta popular zona de fiesta de Palma.
La mayoría de los funcionarios policiales han coincidido en que sus funciones eran de ordenanzas como levantar actas a vendedores ambulantes y se han referido a los 'puntos calientes', situados en las aceras de las calles más concurridas de Playa de Palma y ante las puertas de los establecimientos.
Algunos de los agentes han asegurado que no conocían al empresario y uno de ellos ha protestado porque en otra pieza de las investigaciones de la corrupción en el cuerpo municipal también le acusaron de beneficiar al magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach, que, como ha dicho este interrogado, era el principal competidor de los negocios de Pascual en Playa de Palma.
Los policías han declarado que no recibían bebidas gratis en los locales del empresario encausado y que siempre pagaban por ellas lo que se debía de pagar.
El empresario, de acuerdo con la acusación pública, se concertó con funcionarios del Ayuntamiento de Palma y con policías locales para que ejecutaran o dieran órdenes "ilegales, antirreglamentarias y arbitrarias" para beneficiar sus negocios a cambio de servicios sexuales y consumiciones gratuitas en sus clubes de alterne y locales de ocio.
Entre estas actuaciones, cometidas entre 2007 y 2015, figuran preavisos a los locales de inspecciones y actuaciones policiales y no tramitación de denuncias, de modo que Pascual daba órdenes a sus encargados para evitar que estuvieran trabajando los empleados cuya situación laboral no estaba regularizada y para controlar las incidencias del local antes de las inspecciones.
Según el fiscal Carrau, en esta supuesta trama corrupta también estaba implicado un funcionario de Urbanismo de Palma, que intervino en cuatro expedientes de obras en los locales y presuntamente recibió trato de favor en los negocios y dádivas.
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