Policías obligados a pagar por trabajar: el último despropósito de Interior

Que miles de agentes de la Policía Nacional estén pagando de su bolsillo los gastos derivados de las comisiones de servicio es una barbaridad. Pero que lo hagan porque el Ministerio del Interior —léase, Fernando Grande-Marlaska— no dispone de crédito para adelantar ese dinero, ya entra en la categoría del disparate institucional. Es inaceptable que el Estado no garantice los recursos básicos para que sus propios agentes cumplan con sus funciones. Y más aún, que les obligue a anticipar de su peculio lo que corresponde a la Administración.

La denuncia la hacen los propios sindicatos policiales, que ya hablan abiertamente de “situación insostenible”. Y no les falta razón. Un policía que es enviado a reforzar una comisaría o a participar en un dispositivo especial debe contar con billetes, alojamiento y dietas cubiertas. Es lo mínimo.

Lo contrario, que es lo que está ocurriendo ahora, supone precarizar aún más un trabajo que ya acumula agravios: desde la brecha salarial respecto a otras fuerzas de seguridad hasta los riesgos crecientes a los que se enfrentan a diario. ¿Qué viene después? ¿Pedirles que paguen el uniforme o el arma reglamentaria?

¿Dónde está el ministro? ¿Qué tiene que pasar para que Interior empiece a tratar a los agentes como lo que son: servidores públicos, no voluntarios de una ONG obligados a financiarse el trabajo?

Lo más grave de todo es el silencio —ese ya clásico silencio— de Marlaska. Ni explicaciones, ni soluciones. Como si no fuera con él. Como si no tuviera ninguna responsabilidad en una gestión que ha dejado sin fondos una necesidad operativa básica. ¿Dónde está el ministro? ¿Qué tiene que pasar para que Interior empiece a tratar a los agentes como lo que son: servidores públicos, no voluntarios de una ONG obligados a financiarse el trabajo?

Cuando los encargados de garantizar nuestra seguridad son tratados como ciudadanos de segunda por su propio Gobierno, el problema no es solo presupuestario: es político y moral. Marlaska debe dar la cara. Y si no puede garantizar los mínimos exigibles para una correcta operatividad de las unidades policiales, debe irse a su casa.