El acuerdo entre el Consell de Mallorca y Airbnb para frenar el alquiler turístico ilegal es un giro que llega tarde, pero que al menos apunta en la dirección correcta. Tras ocho años con gobernantes como la expresidenta socialista del Consell, Catalina Cladera, mirando hacia otro lado —mientras las plataformas digitales inflaban precios, desplazaban a residentes y convertían barrios enteros en parques temáticos para turistas—, las instituciones insulares por fin muestran signos de reacción.
La colaboración con Airbnb permitirá retirar anuncios irregulares con mayor agilidad y promover un turismo más responsable. Es una medida básica que debería haberse adoptado mucho antes. Porque el daño ya está hecho: jóvenes expulsados del mercado de alquiler, núcleos turísticos saturados y una economía local cada vez más dependiente del turismo masivo y desregulado.
Lo preocupante es que este acuerdo, aunque necesario, tiene un alcance limitado, porque existen otras muchas plataformas de comercialización de alquiler turístico y también otros canales opacos o directamente ilegales. Y porque la situación ha adquirido una gravedad acuciante.
Este problema no se resuelve con una foto firmando un acuerdo, sino con voluntad política sostenida, legislación clara, medios materiales y, sobre todo, valentía
El Govern y los consells insulares deben entender que este problema no se resuelve con una foto firmando un acuerdo, sino con voluntad política sostenida, legislación clara, medios materiales y, sobre todo, valentía para enfrentarse a un lobby turístico que lleva años marcando el paso.
Hay un cambio de rumbo, sí. Pero no nos engañemos: queda muchísimo por hacer. Controlar el alquiler turístico ilegal exige constancia, transparencia y coordinación institucional. Mallorca no puede permitirse más años de pasividad. El acuerdo con Airbnb debe ser el punto de partida de una ofensiva integral para recuperar el equilibrio entre turismo y calidad de vida. No se trata de demonizar al visitante, sino de garantizar que quien viva aquí pueda hacerlo dignamente. Y que quienes tienen un negocio turístico se ciñen al cumplimiento escrupuloso de la normativa.
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También hay que sensibilizar a las asociaciones de vecinos a que denuncien los alquileres que no tienen placa vista, son los vecinos los que saben cuales son ilegales, en los anuncios no se pone claramente donde es para dificultar su localización a las autoridades.
Tantos años sin hacer nada ha hecho mucho daño, hay una generación de mallorquines sin emanciparse, rehenes de las políticas que miraron hacia otro lado, que no piden perdón porque se creen que al no hacer nada no son responsables de nada