Mallorca ha vuelto a ser escenario de un acto vandálico ejecutado por Arran, una organización juvenil de extrema izquierda , conocida por disfrazar de activismo político lo que no es más que puro delito. En esta ocasión, el objetivo han sido varias viviendas turísticas, señaladas con pintadas y atacadas a martillazos, mientras se grababan para luego difundir el vídeo en redes sociales como trofeo propagandístico.
No es la primera vez. Arran lleva años actuando impunemente en Baleares y utilizando el pretexto del derecho a la vivienda o el rechazo al turismo para perpetrar acciones violentas, señalamiento de particulares y dañar la propiedad privada. Es un grupo perfectamente estructurado, que opera como banda organizada, y cuya estrategia pasa por sembrar el miedo y la confrontación social a través de la intimidación directa.
El derecho a protestar es sagrado en democracia. Pero nada tiene que ver con reventar escaparates, pintar fachadas o violentar cerraduras. La protesta deja de ser legítima en el momento en que se recurre al delito. Y lo que hace Arran es pura delincuencia, aunque se intente envolver en retórica política.
La protesta deja de ser legítima en el momento en que se recurre al delito. Y lo que hace Arran es pura delincuencia, aunque se intente envolver en retórica política
Lo verdaderamente preocupante es la pasividad institucional. La Delegación del Gobierno en Baleares, que dirige Alfonso Rodríguez Badal (PSOE) no puede seguir mirando hacia otro lado. La simpatía ideológica entre el Gobierno central y estos grupos antisistema de radicales izquierdistas es tan evidente como inaceptable si sirve para justificar la inacción. La Ley debe ser igual para todos, también para los que se autodenominan revolucionarios.
Ya es hora de que se actúe con contundencia. Basta de permisividad y de indolencia. Lo que hace Arran en Mallorca no es una gamberrada: es un delito grave. Y como tal debe tratarse.
