El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha confirmado la legalidad del Decreto Ley aprobado por el Govern de José Ramón Bauzá aprobando el polémico Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL). Un día antes el Parlament había votado la convalidación del Decreto Ley con los votos a favor del Grupo Popular, que tiene mayoría absoluta en la cámara. Así pues, el TIL es ya absolutamente legal y el Govern ha sorteado los defectos de tramitación que la suspensión cautelar del decreto por parte del TSJB puso de manifiesto.
Sin embargo, los magistrados del TSJB no se quedaron en analizar la legalidad del Decreto Ley, sino que se adentraron en el peligroso terreno de las consideraciones extrajurídicas, o sea políticas, del tan criticado Decreto Ley. De tal modo que los jueces hicieron suyo el argumento de la oposición de que el Govern abusa del Decreto Ley, a la par que reconocen que esta forma de legislar se ajusta a la legalidad y es competencia del Ejecutivo, por lo que no se puede hacer nada para impedirlo.
Asistimos atónitos en las últimas semanas a pronunciamientos políticos por parte de jueces y fiscales. Hace unos días el fiscal anticorrupción Pedro Horrach calificaba la aprobación del Decreto Ley de “disparate”. Ahora los jueces reprochan al Govern que ocupe un lugar puntero en el ranking nacional de Decretos Ley. Tan aberrante es ver a un juez hacer consideraciones políticas como lo sería oír a un militar juzgar decisiones del Gobierno. Su deber de neutralidad ha de estar por encima de todo.
Igual que nos parece mal que el presidente del Tribunal Constitucional pueda estar afiliado a un partido político, no podemos dejar de criticar que los jueces y fiscales hagan política desde los tribunales de Justicia y vistiendo la toga. Si quieren hacer política, que dejen la judicatura y la carrera fiscal y se presenten a unas elecciones. De otro modo, deben ceñirse a sus funciones constitucionales y respetar escrupulosamente la neutralidad que les viene impuesta por Ley.
