Ayer lunes tomaron posesión de su cargo los seis consellers y las cuatro conselleras que integran el nuevo Govern que preside Marga Prohens. Echa así a andar el Ejecutivo autonómico surgido de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, donde el Partido Popular fue la fuerza política más votada. El Govern consta de diez consellerias, una menos de las que tenía el último Ejecutivo de Francina Armengol, una secretaría autonómica menos, seis direcciones generales menos y nueve cargos de confianza y asesores menos.
Es, por tanto, un Govern más reducido, en el que habrá 17 altos cargos menos de los que había y que costará menos dinero al contribuyente, lo cual es normal dado que se trata de un Ejecutivo monocolor del PP, cuando el anterior estaba integrado por PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca, con lo que ello significa en el reparto de cargos y responsabilidades. A más partidos, más militantes a colocar.
El Govern afirma que con esta reducción de altos cargos y asesores habrá un ahorro de un millón de euros al año, cuatro millones en toda la legislatura. Sin embargo, el PSOE califica este ahorro de “demagogia”, ya que supone el 0,02 por ciento del presupuesto de la Comunidad Autónoma. Ese argumento demuestra muy poco rigor en la utilización de los recursos públicos.
Un millón de euros al año no puede calificarse en ningún caso de “demagogia”, porque a buen seguro que esta cantidad nada desdeñable de dinero de todos los ciudadanos, podía haber sido destinada a incontables proyectos de mayor utilidad pública y provecho general. Pero se prefirió sobredimensionar la estructura gubernamental a base de contratar asesores afines a los partidos firmantes del Pacto de Bellver, muchas veces sin ninguna necesidad. Y da igual el porcentaje del presupuesto que suponga ese ahorro. Cada euro público cuenta y no hay por qué dilapidarlo en gasto improductivo, sólo para otorgar un sueldo de asesor a gente del partido en el poder.
