La reforma de la antigua sede de la APB tuvo el sobrecoste de 860.000 euros

En octubre de 2012 la Autoridad Portuaria trasladó sus oficinas al nuevo edificio situado junto al Parc de la Mar, liberando así las antiguas dependencias del otro lado del Paseo Sagrera, en la acera del puerto. Tras estudiarse las cualidades del edificio a nivel estructural se procedió a estudiar qué uso se le podía dar, según las necesidades sociales de la APB, así como su viabilidad económica y de gestión. Para ello se contrató a la empresa VMA, Arquitectura para que elaborase propuestas de negocio, análisis de viabilidad y anteproyecto, para la creación de un espacio de exposición y restauración (este espacio era sin duda el mejor reclamo ya que supone disponer de la segunda planta del inmueble y de la terraza para desarrollar una actividad de restaurante y cafetería con el lienzo de la Catedral de Palma enfrente).

Una vez que la APB validó el modelo de negocio y la inversión, se procedió a la redacción de un proyecto para la remodelación del inmueble y, con ello, darle una utilidad práctica a la vez que dotar a Palma de un 'Port Center', a semejanza de lo que se viene haciendo en otros puertos. Además de adecuar una parte del mismo a uso de la APB como hemeroteca, biblioteca y sala de reuniones del Consejo de Administración. Pero la joya de la corona debía ser el restaurante, cuya explotación sería objeto de concesión administrativa por quince años. Con el ingreso del canon de la concesión se prevé recuperar el coste final de la obra. Se las creían muy felices hasta que los obreros entraran en el edificio y atestiguaron que aquello era casi una ruina.

MODIFICACIONES DEL PROYECTO

La propia APB reconoce que hubo que hacer modificaciones a consecuencia de que el edificio "se encontraba en distintas condiciones de lo que preveía el proyecto". Entre las modificaciones más destacadas que hubo que realizar estuvo la construcción de una nueva escalera principal del edificio porque la original no se pudo conservar, a pesar de que lo intentaron, debido a que los cimientos no mantenían la estructura: se optó por derribarla y construirla de nuevo a imagen y semejanza de la original. También se hallaron bajantes fabricadas con fibrocemento que se tuvieron que retirar siguiendo la normativa de eliminación de amianto. Además, como consecuencia del desplome de una cornisa se instaló un refuerzo con vigas de hierro alrededor de todo el contorno aéreo. Y para rematar la faena, durante las obras se comprobó que la fachada presentaba más fisuras de las que se observaron inicialmente, lo que obligó a incrementar los rellenos a base de carbono... Y muchas más incidencias que los técnicos no previeron y no detectaron a la hora de cuantificar el coste de la reforma para sacar las obras a concurso.

Y es que son muchas más: "Durante la colocación de unos micropilotes, al ejecutarse en un terreno ganado al mar, la lechada de hormigón no lograba consolidarse como se esperaba y se producían fugas por el terreno, lo que obligó a encamisarlos; también se tuvieron que añadir varios encofrados no previstos para soportar la instalación de las escaleras mecánicas, puesto que el suelo no garantizaba la estabilidad esperada; todo esto, además de mejoras y cambios dispuestos durante la obra, que difícilmente pueden preverse con exactitud durante la redacción del proyecto y que solo pueden plantearse una vez se encuentran en marcha las obras", explican razonadamente desde la APB.

SOBRECOSTE

Y al final, una obra que se adjudicó a Acciona Construcción por 4.499.971 euros acabó costando 5.361.879 euros, con un sobrecoste de unos 800.000 euros. Lo habitual en este tipo de obras cuando las emprende un color político, pero que es duramente criticado cuando le sucede al contrario. Y en el caso que nos ocupa fue, dicen, "el compromiso por salvaguardar la fachada y otros elementos destacados del edificio y la consolidación de un terreno blando con garantías a largo plazo", lo que justifica en gran parte el incremento de costes.

Y para recuperar el gasto (que no inversión) se ha de dar su explotación a un concesionario. Se intentó una vez pero el concurso quedó desierto por lo leoninas de algunas cláusulas. En la actualidad se está elaborando un nuevo pliego de condiciones que atraiga a algún inversor.

El mayor porcentaje de los ingresos del concesionario provendrían de la explotación de una tienda turística en la planta baja del inmueble; de los ingresos por la organización de eventos en la sala polivalente y los que obtenga por la cesión a un tercero de la superficie del restaurante, en el caso de que no desee explotarlo directamente. Y a todos ellos se sumaría el euro por visitante a la exposición permanente que, al ser gratis, la APB entregaría al concesionario en compensación por los gastos de gestión y mantenimiento, y para estimularlo a que potencie las actividades de la sala expositiva.