A punto de iniciarse la campaña de las elecciones autonómicas y municipales es el momento de hacer balance de la legislatura que acaba. En sanidad el panorama es desolador.
Durante estos últimos cuatro años la sanidad pública balear ha perdido más de mil profesionales, sobre todo muchas enfermeras, pero también médicos y de otros estamentos, debido a la política de no sustitución de las bajas por jubilación, traslado o excedencia. Tampoco se sustituyen las bajas laborales ordinarias y solo una ínfima parte de las vacaciones y permisos. Todo ello ha supuesto una brutal sobrecarga sobre los trabajadores, que han suplido las carencias con dedicación y profesionalidad hasta donde han podido, pero, por supuesto, el servicio a los ciudadanos ha acabado resintiéndose gravemente.
Se han incrementado las listas de espera, todas, la quirúrgica, la de exploraciones diagnósticas, la de visitas a especialistas, incluso la de visita a los médicos de familia. No solo los tiempos de espera son mucho más largos, sino que muchos pacientes ni tan siquiera saben si están o no en la lista, ni cuando se les atenderá. No hay transparencia en las listas y muchos ciudadanos deben resignarse a esperar a que se les llame, sin tener ni una idea aproximada de cuándo se producirá la buena nueva.
Para incrementar aun más el deterioro de la calidad del servicio, se estableció la medida complementaria de supresión del decreto de tiempo máximo de espera, que permitía a los ciudadanos reclamar cuando se superaba. Ahora no pueden reclamar, solo les queda la resignación.
La falta de personal, y de presupuesto, también ha supuesto el cierre de centros de salud y unidades básicas de salud por las tardes, lo que obliga a los ciudadanos a desplazarse para recibir asistencia, con la consiguiente incomodidad y el problema para aquellos que no disponen de vehículo, o no pueden conducir. También se han cerrado camas y plantas enteras en los hospitales, en los periodos vacacionales como era habitual, pero en mayor número, y también en épocas en que nunca antes se había hecho.
Se ha incrementado el copago farmacéutico y, por primera vez, se ha extendido a los pensionistas, lo que significa una nueva merma para sus ya depauperadas pensiones. Muchos jubilados no están retirando todos los medicamentos que necesitan cada mes y ese es un hecho gravísimo, que tendrá serias consecuencias para su salud y que, a medio, o incluso a corto, plazo, supondrá una mayor carga y gasto para el sistema de salud. Además, no se respeta, por problemas informáticos, el tope máximo que se les puede cobrar, lo que les obliga a tener que reclamar y esperar meses a que se les reintegren las cantidades indebidamente recaudadas.
Se ha retirado la tarjeta sanitaria y el derecho a recibir asistencia en el sistema público, con excepción de la atención de urgencias, a las embarazadas y a los niños, a los inmigrantes sin permiso de residencia, lo que ha supuesto una catástrofe para varios miles de personas, pero también para la salud global de todos nosotros, ya que estas personas podrían convertirse en reservorios potenciales incontrolados de enfermedades infecciosas. El caso del inmigrante Alpha Pam, que murió de tuberculosis, una enfermedad perfectamente curable, debería haber sido un aldabonazo en la conciencia de los responsables sanitarios durante esta legislatura, pero no supuso ningún cambio en su política.
Peor aun, también han retirado el derecho a la asistencia a ciudadanos españoles, acabando con la cobertura sanitaria universal. Al eliminar la universalidad de acceso al sistema se ha vuelto al concepto de asegurado, en contraposición a ciudadano, como detentador del derecho a la asistencia. Todo ello parece encaminado hacia una redefinición conceptual del sistema, dirigiéndolo de nuevo a un servicio de tipo seguro sanitario, incluso aunque de momento siga financiado mediante los impuestos, que permitiría en un futuro próximo la provisión de servicios por parte de agentes sanitarios privados.
Tampoco será recordada esta legislatura por la transparencia. Además de la opacidad ya comentada de las listas de espera, tampoco se han publicado las memorias económicas de IB-Salut de los últimos años, una información que debería ser pública. Los informes de la Sindicatura de Cuentas de las últimas memorias disponibles, exponen la existencia de múltiples irregularidades. Solución, no publicarlos. Todo este desastre asistencial ha tenido un desastre político-administrativo paralelo. Tres consellers, tres o cuatros directores de IB-Salut, varios secretarios generales, eliminación de la gerencia de atención primaria y posterior restauración de la misma y, lo que es peor, la sensación de que no ha habido un programa sanitario, un plan de actuación, una previsión de servicios, un camino hacia el futuro, sino una constante improvisación del día a día, un ir pasando y ganando tiempo.
Y para más inri, a pesar de todos estos recortes cuantitativos y la pérdida de calidad asistencial, el déficit, al parecer, se ha incrementado, así que todas las pérdidas de los ciudadanos y el sacrificio y la profesionalidad de los trabajadores no han servido ni siquiera para mejorar el balance financiero del sistema sanitario público.
Sacrificio y profesionalidad que no solo no se han dignado premiar, sino al contrario, no hemos hecho más que recibir palos. A la sobrecarga de trabajo provocada por la falta de personal, se han añadido recortes salariales, incremento de jornada laboral, pérdida de derechos sociales, pérdida de días libres, traspaso al régimen general de reducción salarial en caso de baja laboral por enfermedad común o accidente no laboral y, lo peor de todo, desconsideración y menosprecio. El último mes posible, el pasado abril, se han dignado devolvernos una parte del tramo de la carrera profesional que nos redujeron al principio del periodo. Ni tan siquiera nos lo han retornado todo, ni mucho menos nos han abonado el cuarto tramo que está pendiente desde hace años.
Se diría que ha sido una legislatura sanitaria para olvidar, pero no debemos olvidar quienes han sido los responsables.
