Ver la contundencia con que el Ayuntamiento de Barcelona actúa contra los propietarios de viviendas destinadas al alquiler turístico sin contar con la oportuna licencia para ello, despierta una sana envidia. El equipo de gobierno municipal de la Ciudad Condal, que está al frente del consistorio desde hace exactamente el mismo tiempo que el Govern de les Illes Balears y los Consells Insulars, se muestra determinado a acabar con el descontrol en este ámbito y los efectos perniciosos que provoca, fundamentalmente sobre la convivencia, el orden público, el mercado de vivienda de alquiler, etc. Así, la alcaldesa Ada Colau ha anunciado que el Ayuntamiento sancionará a las webs Airbnb y HomeAway con 600.000 euros a cada una por reiteración en anunciar pisos turísticos ilegales. Entre tanto, en Balears las instituciones no han hecho nada más que convocar mesas, reunir comisiones, encargar estudios y marear la perdiz.
Barcelona es la prueba palpable de que, si hay voluntad política, se puede luchar sin tregua contra aquellos que alquilan viviendas a turistas sin estar autorizados para ello. Únicamente con el instrumento jurídico de las ordenanzas municipales, sin modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos ni ninguna otra legislación estatal. Es problema es de tanta gravedad y lleva aparejadas tantas consecuencias indeseables que a cada día que pasa sin hacer nada, le situación empeora. El consistorio barcelonés ha logrado que siete plataformas retiren los anuncios de pisos ilegales y otras han sido sancionadas o bien por no colaborar con él o bien por persistir en la ilegalidad. En Barcelona se hace, pero en Balears el Govern mira hacia otro lado, viéndolas venir y dejando el tiempo pasar, lo cual es inadmisible.
