Pertenezco al grupo de los que opina que la acreditación administrativa de un determinado nivel de conocimiento del catalán, para el acceso al ejercicio de las profesiones sanitarias, tiene que estar en el ámbito del mérito. Un mérito cualificado y bien valorado. Comparto la postura de los que consideran que lo contrario genera un efecto discriminatorio en el acceso y discrimina la libre circulación de profesionales.
Soy consciente también que en los ámbitos técnicos y de gestión de la administración, incluida la sanitaria, tiene que ser exigible el conocimiento expreso de las dos lenguas oficiales en la comunidad y meritorio el dominio de un tercer idioma.
En este sentido, comparto la percepción que la resolución non nata del Ib salut, redactada en esta línea, gozaba de un apoyo mayoritario en el sector. Era un reflejo de la sintonía de los directivos con sus profesionales y una apuesta por la mejora de la cualificación global de la asistencia a la población.
Entiendo que existen muchas otras personas que piensan lo contrario y que tienen sólidos argumentos para sostener su postura. Y que es legítimo que la defiendan con fuerza, incluso aunque fuera minoritaria.
Sin embargo, el tono de las intervenciones de los portavoces del partido econacionalista en su intento de desprestigiar a sus socios de gobierno, por las divergencias lingüísticas, me han parecido de ópera bufa. Groseras y soeces las descalificaciones vertidas contra el servicio de salud y sus responsables. Mafiosos, los planteamientos inquisitoriales ante la presidencia del govern.
Las percepciones, percepciones son. En este caso, desde mi perspectiva, me ha parecido una actitud desproporcionada, un ejercicio de soberbia en estado puro de quienes han hecho de la radicalidad, la altanería y el desprecio a las ideas ajenas, su signo de identidad.
