El teniente de alcalde y regidor del área de Bienestar Social, Trabajo, Participación y Cultura del Ayuntamiento de Palma, Eberhard Grosske, ha afirmado que en el poblado de Son Banya, el total de viviendas demolidas (la de los que tienen demanda judicial para su derribo y la de aquellos donde sus ocupantes han pedido el realojo voluntario) alcanza la totalidad del poblado. Por esta razón, ha asegurado que, por primera vez, esta en condiciones de dar la fecha de erradicación del poblado, que ha fijado en marzo de 2012. El regidor ha querido destacar que la desaparición de Son Banya es extremadamente necesario, y muy importante no sólo desde el punto de vista social, sino también en cuanto a la racionalidad de los recursos públicos, puesto que su mantenimiento cuesta al municipio 1.500.000€ el año. MARCO DE PARTIDA El desmantelamiento de Son Banya era un objetivo compartido por todos los partidos desde hace más de 20 años, a pesar de que hasta “la llegada del actual gobierno no se ha hecho nada efectivo para la eliminación de este enclave”. En este sentido, Grosske ha remarcado que hasta 2008 no sólo no se desmanteló el poblado, sino que se permitió que continuase creciendo. En estos años se llegaron a construir hasta 33 edificaciones ilegales, entre las que se contaban, no sólo barracas sino también, chalés de dos plantas. Estas 33, se sumaban a las 123 viviendas legales, y sumaban un total de 156 casas que conformaban el poblado. Desde que empezó el proceso desmantelamiento de Son Banya, de aquellas 156 casas, actualmente han sido derrocadas o con demanda de desahucio 100, el que supone el 64% del total. Concretamente, de estas 100, 40 ya han sido derrocadas y 60 con demanda de desahucio. Grosske ha explicado que el proceso de desmantelamiento, se ha llevado a cabo con mucha prudencia, teniendo en cuenta que al poblado también viven muchas personas honradas y trabajadoras. No se tiene que olvidar que en estos momentos conviven en Son Banya personas con dos perfiles muy diferenciados: aquellas involucradas en el narcotráfico y que utilizan el espacio y las personas para su negocio, y aquellas que sobreviven modestamente a partir de su trabajo bien mediante pensiones, salarios, ayudas u otras prestaciones. Ayudar y acompañar a este segundo grupo en el proceso de salida del poblado y en su integración social y laboral, es lo más prioritario. Respete esto, el dato más significativo es que, a pesar de que al principio había muchas reticencias por parte de los habitantes para marchar del poblado, actualmente 56 familias ya han pedido dejar voluntariamente el poblado, y ser realojadas. La resistencia más acentuada a marchar, se encuentra por parte de las personas que tienen su negocio en Son Baña, y que a pesar de que tengan una casa, normalmente no viven. Así, por ejemplo del total de casas que han sido demolidas, más de la mitad eran ilegales (22 de ellas), mientras que sólo el restante 45% eran legales (u total de 18). En cuanto a las viviendas que tienen una demanda de desahucio, sólo 6 de ellas son ilegales, y el resto, 54, son legales. Según ha afirmado Grosske, el mes que viene empezarán los juicios por la vía civil para resolver esta situación, y sólo es cuestión de unos meses que este proceso acabe, por el que se prevé que estas vivendas también puedan ser demolidas este año 2011.
