El Tribunal Supremo ha anulado cuatro decretos del Govern balear relativos a las restricciones fijadas en el año 2020 para luchar contra la Covid. Se trata de restricciones que se aplicaron a la movilidad en horario nocturno, a aperturas y cierres de comercios y servicios, así como a las respectivas prórrogas dictadas según iban venciendo los plazos inicialmente decretados. En concreto, el Alto Tribunal ha anulado los decretos, que versaban sobre el toque de queda, el control a los pasajeros nacionales en las llegadas a los puertos y aeropuertos de las Islas y las limitaciones de aforo en lugares de culto y en las reuniones privadas.
La decisión del Supremo no tiene ya efecto alguno sobre decisiones que estuvieron vigentes en Baleares durante unos meses tras la salida del primer estado de alarma, hace ya año y medio. No tiene efectos en la práctica, pero pone en evidencia la fragilidad con la que las comunidades autónomas tuvieron que regular la gestión de la pandemia sin la existencia de un paraguas legal de ámbito nacional.
Las medidas adoptadas en su día podían tener toda la lógica desde un punto de vista de contención del virus; de hecho, con toda seguridad contribuyeron a evitar contagios. Pero el Alto Tribunal concluye -como ya hizo anteriormente el Constitucional en relación al primer estado de alarma- que la fórmula legal elegida no encaja con el respeto a las libertades individuales que consagra la Constitución.
El Gobierno de Sánchez debería haber logrado articular un nuevo cuadro normativo de ámbito estatal; en cambio, prefirió traspasar la gestión de la pandemia a las comunidades autónomas, que debieron lidiar el asunto con sus respectivos tribunales superiores. Así, Sánchez evitó tener que afrontar complejas negociaciones parlamentarias -y un posible e incómodo acuerdo con el PP- si hubiese tenido que aprobar en el Congreso una Ley de Pandemias que garantizara una cobertura legal para adoptar restricciones sin vulnerar preceptos constitucionales.
Como resultado, la lucha contra el coronavirus quedó en manos de las diecisiete comunidades autónomas, con diecisiete estrategias diferentes y diecisiete tribunales que aplicaban criterios distintos sobre un mismo asunto. Un lío legal que se podría haber evitado con una decisión política.
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