Con el regreso a la normalidad tras las festividades navideñas, comienza un periplo político que va a estar mayoritariamente marcado por la triple convocatoria electoral de este 2023: elecciones municipales y autonómicas en mayo, y generales en diciembre, si Pedro Sánchez no decide adelantarlas. Así, la totalidad de las actuaciones que las administraciones adopten durante los próximos meses -salvo cuestiones administrativas de orden general- deberán ser interpretadas en clave electoral. También las de los partidos que aspiran a reemplazar a los que encabezan los gobiernos actuales.
Esta fiebre electoral se produce en un momento de gran incertidumbre en el que muchos analistas hablan de cambio de ciclo o, como en Baleares, de un resultado tan ajustado que puede decidirse por el escaso margen de un solo diputado. No es de extrañar, pues, que todos los pasos se den con gran prudencia. Quienes manejan las arcas públicas se han volcado en poner en marcha grandes paquetes de ayudas que alivien la situación de muchos ciudadanos, eludiendo o retrasando cuestiones menos simpáticas para los votantes, que quedarán congeladas hasta la formación de las correspondientes cámaras y consistorios.
Durante los próximos meses, nada permanecerá ajeno a la contienda política que se avecina. Desde las ayudas a los baleares residentes en el extranjero -como las aprobadas este lunes por el Consell de Govern- a los recién instalados carteles que indican las carreteras construidas por presos del franquismo -acción que Vox no ha tardado en calificar como "tufo electoral"-.
El enfrentamiento político y la legítima actuación de los gobernantes en defensa de sus intereses, sin embargo, no debería distraer la acción principal de las administraciones respecto de sus responsabilidades ante la ciudadanía y el correcto funcionamiento de sus mecanismos administrativos. Tantos meses de campaña electoral como los que se van a vivir este 2023 no pueden paralizar el gobierno de lo público; sobre todo, en la delicada situación económica en la que se encuentra el país, donde -a pesar de las optimistas cifras de crecimiento y empleo- el contexto general es de máxima incertidumbre.
