La edil ha subrayado que el decreto es la regulación "más ambiciosa" de los últimos años en materia territorial, una apuesta "firme" por el decrecimiento y por la reducción del consumo de territorio.
La norma, ha indicado, supondrá para Palma la protección de más de 200 hectáreas entre la moratoria que afecta a suelos urbanos no consolidados y la desclasificación de suelos urbanizables.
Truyol ha señalado que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto que es "urgente" cambiar el rumbo de las últimas décadas e implementar "medidas valientes" para la protección del medio ambiente y el territorio.
Para Truyol, el decreto mantiene el mismo espíritu y la misma línea de trabajo del área de Modelo de Ciudad desde la pasada legislatura y que ahora se está aplicando en la redacción de la revisión del Plan General.
Según ha indicado, estos principios han permitido llevar a cabo la desclasificación de 60 hectáreas en Son Gual y 4,7 hectáreas de Can Tàpera, la recuperación del canódromo y la creación del primer bosque urbano, entre otros proyectos.
La edil ha destacado la apuesta por el decrecimiento y por la optimización del suelo urbanizable "con criterios de desarrollo sostenible" al mismo tiempo que se da respuesta a las necesidades de vivienda y de servicios.
Truyol ha detallado los efectos directos del decreto del Govern sobre Palma. Así, se reclasifica como suelo rústico común los suelos urbanizables no programados, entre los cuales destaca Son Puigdorfila. En total, afecta a un total de 153,23 hectáreas.
Sobre los suelos urbanos no consolidados, conocidos como falsos urbanos, el decreto establece una moratoria de autorizaciones y licencias sobre suelo urbano con urbanización no consolidada delimitados como unidad de actuación hasta el 31 de diciembre, que en Palma afecta a unas 50 hectáreas.