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Un encarcelamiento decidido de antemano

jueves 25 de julio de 2013, 10:29h
Quiso la casualidad que el mismo día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que rebajó la condena de Jaume Matas de 6 años a 9 meses, se hiciese pública la sentencia del caso Can Domenge, juzgado sólo 19 días antes. No necesitaron mucho tiempo los miembros de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, los magistrados Diego Gómez-Reino, Juan Jiménez y Mónica de la Serna, porque tenían muy claro que su sentencia se ceñiría completamente a asumir los hechos narrados por la Fiscalía Anticorrupción. Tan es así que los hechos probados de la sentencia son un descarado “copiar y pegar” del escrito de acusación de la Fiscalía, redactado en marzo de 2011. No se tomaron la molestia de modificar la redacción o de hacerla con otras palabras o estructurarla de modo distinto, de tal forma que el plagio quedara disimulado. Nada de eso. No les importa en absoluto que sea evidente a simple vista.

La sentencia de Can Domenge es un despropósito en sí misma. La tozudez inexplicable de jueces y fiscales en querer juzgar por un lado el concurso y la venta del solar, y por el otro lado la posible existencia de un soborno a la cúpula del Consell de Mallorca, ha traído una sentencia plagada de prejuicios, juicios de intención y aspectos subjetivos pero con una carga probatoria objetiva que brilla por su ausencia. Las confesiones de cohecho hechas por el propietario de Sacresa, Román Sanahuja, y por Bartomeu Vicens, aparecieron como un elemento nuclear durante el juicio, sin que figurase formalmente en la acusación que se hacía sobre los reos, de modo que estos no podían defenderse de esta acusación. La advertencia hecha por el abogado defensor de Maria Antònia Munar, José Antonio Choclán, sobre la posible indefensión que se causaría a los acusados, no solo se ha visto confirmada, sino que el Tribunal no tiene reparo en alardear de utilizar en la sentencia dichas confesiones para apoyar una convicción fundada de ilegalidad.

Este modo de proceder de la Audiencia Provincial está siendo reconvenido por el Tribunal Supremo, mucho más riguroso y menos contaminado por las tesis de la Fiscalía. Infinitamente más imparcial, aunque algunos intenten desacreditar sus veredictos bajo acusaciones de politización que sólo se producen cuando el fallo no coincide con las tesis que cada cual defiende. Los magistrados de la Audiencia de Palma condenan con una alegría, una falta de rigor y una exigua sustancia que alarma y produce escalofríos. Y en Madrid sus sentencias ya tienen fama de ridículas. El caso de Lluc Tomás, la absolución de Damià Nicolau y ahora la sentencia de Jaume Matas, dan fe de todo ello.

Y por si lo dicho no fuera suficiente, la Audiencia Provincial ordenó ayer, tras la vistilla de rigor que más pareció una forma de cubrir el expediente ante una decisión arbitraria tomada de antemano, la prisión provisional sin fianza de Maria Antònia Munar. Esta medida se antoja absolutamente innecesaria y caprichosa, más dirigida a obtener el aplauso de determinados medios que a cumplir los objetivos que la Ley determina para la prisión preventiva. El Tribunal dice apreciar riesgo de fuga y lo sustenta en los años de condena que el mismo Tribunal ha impuesto a Munar y que aún no han adquirido firmeza. También en el hecho de haberle encontrado dinero en el extranjero a Bartomeu Vicens, es decir que se castiga a Munar por hechos que atañen a otro condenado. Y además, los jueces demuestran su absoluta intoxicación y su total pérdida de imparcialidad cuando prejuzgan calificando de “desolador” el panorama procesal de la Sra. Munar, dando por descontado que será condenada en otras causas aún antes de tener conocimiento formal de ello y de tomar conocimiento de los sumarios y enjuiciarlos. Se muestran convencidos de que sus sentencias serán confirmadas por el Tribunal Supremo, cuando las estadísticas demuestran que es la Audiencia de Palma la que es objeto de un mayor volumen de sentencias casadas por el Tribunal Supremo en todo el país.

Todo lo anterior permite afirmar que el encarcelamiento de Maria Antònia Munar estaba decidido de antemano y que los jueces de la Audiencia Provincial han escenificado un paripé intragable, primeramente en el propio juicio de Can Domenge y más tarde acordando la prisión preventiva incondicional para la ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca. Esta es la “contundente respuesta por razones de prevención” que los jueces y fiscales dan al “aumento de casos de corrupción en la nuestra y en otras comunidades” que narraron en la sentencia. Y para no esperar que el Tribunal Supremo pueda corregirla, nada mejor que enviar inmediatamente a la cárcel a Munar con un pretendido riesgo de fuga que nadie en sus cabales puede creer que exista realmente. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Sin esperar a que nadie revise sus sentencias, no vaya a ser que en este caso vuelvan a decir, como en tantos otros, que los jueces de Palma actúan al dictado de la Fiscalía.

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